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Módulo 2

Transición energética justa, nuevas dinámicas del carbón y desafíos de gobernanza

Desafíos de gobernanza

Lograr que las comunidades locales, étnicas y la sociedad en general participe y se beneficie de la transición energética y de la explotación de recursos naturales en La Guajira no será fácil.  En esta sección analizaremos algunos de los retos e impactos que este proceso supondrá, identificarlos ayuda a estar preparados para enfrentarlos. 

 Contexto decisional de gobernanza: 

En el caso de La Guajira da cuenta de la formación de un esquema de toma de decisiones que busca redefinir las interacciones entre los actores en la práctica política de apropiación territorial, supeditando los sistemas de gobierno y conocimiento, propiciando una verticalidad empresarial en territorios afectados por el centralismo administrativo y la corrupción regional, e invisibilizando la prevalencia de normas comunitarias de convivencia y resolución de conflictos. Un proceso de control y beneficio de la cadena de suministro que se inspiró en la gobernanza neoliberal, ya que bajo la privatización y la mutación del papel del Estado frente al desarrollo minero, configuró un patrón primario exportador que desvincula la explotación minera de las necesidades energéticas internas, desconoce los derechos de propiedad en desmedro de la soberanía nacional y en la práctica no ha logrado prevenir los impactos ambientales de las actividades económicas

Estrategias de las empresas carboníferas: 

Ante la crisis y el decrecimiento del carbón, las empresas han reaccionado buscando dirigirse hacia la expansión e intensificación del extractivismo, en un intento de solventar las bajas ganancias y pérdidas operacionales.  En este sentido, han buscado la renovación de los contratos mineros, ampliar solicitudes nuevas y han pedido también la flexibilización de las regulaciones fiscales, ambientales y sociales para desarrollar su actividad con mayor facilidad y margen de ganancia.  Para sustentar esto, insisten en promocionar el carbón como una fuente de energía de alto rendimiento y bajo costo que debe ser aprovechada como parte de la reactivación pospandemia.  La transición energética y la construcción de un nuevo modelo de gobernanza deberá enfrentar estas acciones y hacer prevalecer los intereses y beneficios que promueve reemplazar el carbón.

Pérdida de garantías laborales: 

La reducción en la rentabilidad minera desata estrategias corporativas de reducción de costos operacionales.  Bajo estas estrategias se realiza el despido masivo de trabajadores y la implementación del denominado Turno de la muerte como ocurre en El Cerrejón, que intensifica la jornada de trabajo para sostener la productividad a pesar de los despidos. La suspensión de actividades y cierre de minas supondría la pérdida de alrededor de 11.000 empleos, que hoy, debido a la dependencia de la minería, son vitales para la economía local.  

Reducción de ingresos públicos:

El impacto del cierre de las minas afectaría a entidades territoriales carentes de autonomía y solvencia fiscal, así como los proyectos de vías terciarias y electrificación rural, los recursos de inversión pública para territorios productores y no productores, también el financiamiento para la implementación de los Acuerdos de Paz, la conservación de áreas protegidas y lucha contra la deforestación, y para la inversión en Innovación, Ciencia y Tecnología.

Pérdida de valor de inversiones públicas y privadas: 

La infraestructura, inversiones, reservas explotables de carbón y demás elementos relacionados con este negocio corren el riesgo de pasar de ser activos (elementos que generan valor) a convertirse en pasivos (elementos que generan deuda o detrimento).  Esta transformación se daría en un sentido económico, en la medida que los elementos mencionados pierdan su valor monetario y su utilidad para la generación de riqueza, pero también sucedería a nivel ambiental, en la medida que esos elementos se conviertan en una carga contaminante que irrumpa en el ecosistema de la región.  Sin embargo, la anticipación con la cual se ha evidenciado la necesidad de hacer la transición, junto a la capacidad financiera de las empresas, es suficiente para tomar acciones que eviten una pérdida total del valor de estos elementos mediante una adaptación que logre el aprovechamiento de los bienes en contextos diferentes.

Reparación de daños post-cierre:

Es alarmante que no exista una reglamentación que sea aplicable tras el cierre de las operaciones mineras para estimar y reparar los daños ambientales y violaciones de derechos humanos provocados por la actividad extractiva. Resulta preocupante también la falta de participación social en la planificación del cierre minero.  Una transición justa requiere avanzar en el diseño y la implementación de reglamentaciones y estrategias que resuelvan estas problemáticas. 

En la siguiente sección se escuchan las visiones colectivas de las comunidades frente a la necesidad de que una transición energética justa.