El reasentamiento involuntario de la comunidad El Hatillo fue ordenado en 2010 por la autoridad ambiental nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre las disposiciones de la resolución, se establece que los objetivos específicos del plan de reasentamiento tienen que: “generar mecanismos de información, comunicación, participación y concertación, para involucrar a la población impactada (directa y receptora), y a las autoridades locales y regionales, en todas las etapas del plan participativo de reasentamiento[;] restituir los medios de producción y las actividades productivas de las comunidades afectadas, de acuerdo con las formas de tenencia, individual o colectiva (tierras, cultivos e infraestructura agraria)”.