Los defensores del pacífico caucano, cuentan su verdad al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos
La visita del Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos tuvo dos propósitos centrales: determinar si el Estado colombiano ha podido proporcionar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país y, guiar los esfuerzos de la nueva administración para mejorar la protección de los defensores/as y mitigar los riesgos a los que enfrentan.
En este marco, el Relator se reunió con un grupo de defensores/as de derechos humanos rurales articulados en la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) y acompañantes del ProtectionDesk, programa de protección creado en alianza entre Pensamiento y Acción Social y Protection International, que acompañan esta labor de defensa de sus derechos étnico-territoriales como sujetos colectivos.
El relator y su equipo de trabajo escucharon los testimonios sobre los ataques que han sufrido líderes/as y defensores contra su vida, libertad y seguridad afectando severamente a sus comunidades y organizaciones étnico-territoriales.
“No concebimos proteger la vida, sin proteger el territorio, ya que este es el que nos garantiza nuestra supervivencia como pueblo ético” -Testimonio de una lideresa social
En los Consejos Comunitarios, el miedo ha vuelto a operar como un dispositivo de control social que calla sus voces e impide sus luchas. Cada noche, desde las seis de la tarde, las calles del casco urbano de los tres municipios costeros, quedan desoladas y sus habitantes se esconden al interior de sus casas, protegen sus vidas ante la presencia de actores armados que, asociados al narcotráfico y a la minería ilegal, disputan el territorio y ejercen el control.
El aislamiento y el abandono estatal -reflejado en la pobreza extrema que viven los habitantes- generan un contexto altamente adverso para que estos defensores/as desarrollen su labor, haciéndolos más vulnerables a amenazas, atentados y agresiones que quedan en total impunidad.
El relator en su informe premilitar establece; “los defensores y defensoras de las zonas rurales
están en mayor riesgo, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto y en las zonas
con una presencia histórica de las regiones más afectadas por el conflicto y en zonas con una
presencia histórica de las FARC-EP. Tras su desmovilización, el Estado no asumió su responsabilidad
de garantizar la protección de la población civil. Estas regiones tienen ahora diversos grupos
armados organizados que luchan por el control del territorio y de las economías ilegales, lo que no
contribuye a la violencia y al desplazamiento forzado. Según diversas fuentes (sociedad civil, ONU y
Defensoría del Pueblo), las cifras más altas de asesinatos y otros ataques y violaciones se han
registrado en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, seguido de Nariño, Córdoba,
Meta y Caquetá” (2018)
En sus testimonios, también refirieron la falta de implementación del acuerdo de paz, la inexistencia de un plan de desarrollo con enfoque territorial, la parálisis del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, la intromisión de las autoridades a sus formas organizativas y al bloqueó del ejercicio del derecho propio, como otras de las formas en que se obstaculiza su labor de defensa de derechos. Cada una de ellas da cuenta de la intención de destruir la acción colectiva de los Consejos Comunitarios y las organizaciones ético-territoriales y su tejido social comunitario.
Por eso las medidas de protección colectiva que se tomen deben estar orientadas a proteger la vida y permanencia del sujeto colectivo en sus territorios ancestrales. En sus palabras , el Relator propuso, en su informe preliminar,al gobierno colombiano desarrollar políticas y estrategias dirigidas a proteger a:
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Adoptar un enfoque de protección basado en derechos, empoderando a los defensores y defensoras para que conozcan y reclamen sus derechos y aumentando la capacidad y rendición de cuentas de aquellas personas encargadas de respetar, proteger y cumplir dichos derechos.
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Reconocer la diversidad de los defensores; que provienen de grupos étnicos, contextos, culturas y sistemas de creencias diferentes y que tiene diversas identidades de género. Desde un comienzo podrían no identificarse a sí mismos o ser identificados por otros como defensores.
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Reconocer que los defensores y las defensoras están interconectados. La estrategia o política no debería enfocarse en los derechos y en la seguridad de defensores individuales por si solos, ya que también debería incluir a los grupos, organizaciones, comunidades y familiares que comparten sus riesgos.
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Tener en mente que la protección debería ser flexible, adaptable y ajustada a las necesidades y circunstancias específicas de los defensores y defensoras
