Ataques contra líderes sociales ponen en riesgo el futuro de la paz en Colombia

Pensamiento y Acción Social (PAS) y Protection International (PI) manifestamos nuestra preocupación por los graves ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va corrido del mes de noviembre. Durante este periodo, cinco líderes del Movimiento Marcha Patriótica fueron asesinados y dos sufrieron atentados contra su vida. Esto se suma a la desaparición de un líder estudiantil en el departamento del Valle del Cauca, en el mes de octubre.

El primer asesinato ocurrió el 1 de noviembre contra John Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto (ASTRAZONACAL), en el Cauca; seguido por José Antonio Velásquez, de la misma asociación, asesinado el 11 del mismo mes en el Cauca; Didier Losada Barreto y Erly Monroy, de la Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL), asesinados el 18 en el Meta y en el Caquetá, respectivamente; Rodrigo Cabrera, líder social campesino en el municipio de Policarpa, asesinado el 19 en Nariño; Danilo Bolaños Díaz, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (ASTRACAN), atacado el 19 en Nariño; y Hugo Cuellar, miembro del comité de DHOC de la Macarena, herido el 19 en el Meta.

Según las cifras del Programa Somos Defensores, entre enero y septiembre de 2016 se registraron 377 agresiones contra defensores/as de derechos humanos, de ellos 270 fueron amenazas y 57 asesinatos. Si sumamos los ataques ocurridos entre octubre y noviembre, la cifra de asesinatos supera los 70 casos, un número alarmante si se tiene en cuenta que durante esta periodo se estaba pactando un acuerdo que ponga fin al conflicto armado.

 

Estos hechos, además de poner en riesgo la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), demuestra que no existen las condiciones necesarias para proteger la vida, la integridad y los derechos de líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y trabajadores por la paz.

 

Aunque el cese al fuego bilateral ha tenido efectos positivos en la disminución de la confrontación armada, los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes locales demuestran que esta violencia no está asociada únicamente al conflicto armado interno, sino a otros factores de violencia estructural y que, tras la firma del acuerdo, se pueden agudizar si no se toman las medidas necesarias para protegerles. Debemos resaltar que muchos de los líderes asesinados y atacados son defensores del medio ambiente y la tierra en todo el país.

 

PAS y PI están convencidos que el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional con las FARC-EP es un paso para que en el país se respeten los Derechos Humanos y se logre una paz estable y duradera. Sin embargo, estos acuerdos deben estar acompañados de garantías políticas y sociales para todos los actores del país. Esto es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, para que se respete el ejercicio legítimo de los movimientos sociales y para la construcción de una paz con justicia y equidad.

 

PAS demanda que se brinden todas las garantías y condiciones necesarias para la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en los territorios, y esto empieza con la defensa y la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que son actores claves de la paz en Colombia, así como fue pactado en el punto dos sobre participación política y garantías de seguridad, en el acuerdo con las FARC-EP. Además, solicita que se investiguen los hechos para dar con el paradero y sancionar a los responsables y de esta manera evitar más ataques contra la vida y la integridad de los dirigentes sociales y prevenir un nuevo genocidio contra actores políticos, como el ocurrido contra los miembros de la Unión Patriótica (UP) en los años 90.   

 

Los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales tiene derecho a realizar su labor en un entorno seguro, libres se amenazas y agresiones.

 

Bogotá D.C. Colombia, Bruselas Bélgica, 22 de noviembre de 2016

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