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El 21 de octubre de 2020 la comunidad de El Hatillo del municipio de El Paso en el departamento del Cesar se toma pacíficamente las vías del tren que transporta el carbón que se extrae de las minas en esta región, para exigir el cumplimiento del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR).

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Queremos informar que las negociaciones de la 6ta Sesión del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (OEIGWG) que tendrán lugar como cada año en la Sala XX del Palacio de la ONU en Ginebra entre el 26 y el 30 de octubre. La participación será virtual y presencial.

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La llegada del Presidente Iván Duque a la Presidencia de la República ha sobrepasado los augurios más oscuros de cualquier colombiano pesimista. Imposible imaginar el país real que se ha develado ante nuestros ojos en estos días de aislamiento social y cuarentena. Es claro que Colombia acelera su tránsito hacia un Estado fallido. Pocos países en el mundo han tenido la oportunidad de cambiar su rumbo e impedir la repetición de una violencia de más de 50 años y, por supuesto, menos países aún pueden contar que han decidido desperdiciarla.  Hacer trizas el Acuerdo de Paz, fue la opción tomada por la dirigencia nacional, pero los costos serán pagados por los 50 millones de connacionales y cuando menos las dos siguientes generaciones.

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Al afirmar que "para los jóvenes, el reto y el sueño no es ser campesinos" el Gobierno ha dejado claro el futuro que busca para el campo colombiano, un futuro en el que bajo excusas de modernización, se perpetuan las lógicas de despojo de tierras y acumulación de capital. 

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“Llámense falsos positivos, exterminio, limpieza social o asesinato selectivo, lo ocurrido con los 5 adolescentes afrodescendientes en el sector Llano Verde, de la comuna 15 de Cali, es parte del infanticidio que ocurre en estas barriadas marginales pero que la sociedad olvida ante otros eventos no menos dolorosos que castigan a los nadie, a los desposeídos”.

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En Córdoba, la guerra no para y los líderes sociales están atrapados en medio de ella. Desde el 2016, año en el que el Gobierno de Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de Paz,  se evidencia un recrudecimiento de la violencia, propiciado por la aparición de nuevos actores en conflicto, las luchas por el control de las riquezas del departamento, el desarrollo empresarial y la persistencia de los factores estructurales que por años han estado en la base de la violencia en Córdoba. 

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En menos de un año, la opinión pública, ha sido testigo de un patrón de actuación en el que las víctimas son niñas indígenas, que son secuestradas, cosificadas, vejadas, violadas y aterrorizadas, mientras sus comunidades han sido desconocidas, borradas, y, esto antes que ser fortuito, da cuenta de cómo subsiste el racismo, la exclusión y la discriminación en buena parte de la sociedad colombiana, en los miembros del ejército –soldados rasos y de rangos altos y medios-, en las cabezas de nuestras entidades de justicia, en nuestro dirigentes políticos e incluso en las entidades responsables de proteger los derechos de la niñez.

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Las y los integrantes de la sociedad civil en el CNPRC celebramos la realización de la plenaria del Consejo nacional de paz, el pasado 5 de junio, cuando se llevó a cabo la elección para el Comité Nacional y se adelantaron discusiones en relación a los caminos por seguir en el CNPRC en relación con la Política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización que venimos construyendo desde hace un tiempo, la necesaria atención a la implementación plena del sentido y mecanismos del acuerdo de paz alcanzado con las FARC y la necesaria apertura del dialogo y la negociación con el ELN.

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En un país que ha sufrido durante más de cinco décadas un conflicto armado interno atroz, así como múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, mucho se aprendió en materia de protección. Sin embargo, estos tiempos de pandemia demuestran que líderes y Defensores de Derechos Humanos asumieron que su protección estaba en casa.  Pero hoy los asesinatos de los que son víctimas han sido mayoritariamente cometidos en sus lugares de residencia.

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Transcurridos dos meses de haberse decretado en el país la primera medida de cuarentena y aislamiento social, bien cabe reflexionar sobre las implicaciones que este conjunto de medidas han tenido sobre lxs líderes sociales, lxs Defensores de Derechos Humanos y sobre las comunidades rurales que los acogen.

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Pensamiento y Acción Social, -PAS- rechaza las expresiones públicas de violencia de género y contra NNAJ, así como la apología e instigación al proxenetismo y explotación sexual producidas y difundidas por Fabio Zuleta; invitando a las autoridades competentes que además de las investigaciones y respectivas acusaciones se encaminen las debidas reparaciones al pueblo Wayúu.

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AngloGold Ashanti está ofreciendo cursos virtuales de Pre-icfes virtuales y cursos de inglés a los niños, niñas y jóvenes de la institución a cambio de que las familias le suministren información personal de sus estudiantes, su núcleo familiar y su posición frente al proyecto minero subterráneo de cobre Quebradona. 

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La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá frente a la tutela instaurada por líderes sociales y ONG es un paso importante que ratifica la necesidad de implementar las medidas contempladas en los acuerdos de paz para la protección de líderes y lideresas sociales.  El Estado no puede evadir este compromiso.  

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Luego de 4 meses acompañando a las comunidades del magdalena medio en su lucha por la defensa de su territorio y en el marco de la alianza entre PWS y PAS, estas acompañantes narran algunas reflexiones que deja este proceso en dos artículos que puede encontrar aquí:

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Estado de Crisis en Colombia

Acompañamiento en Tiempos de Covid

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Han sido declarados objetivos militares para los grupos armados de la región por su labor en defensa del territorio y sus habitantes.  Organizaciones acompañantes hacemos denuncia y recomendaciones.

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En medio de la pandemia, las comunidades Wayuu, especialmente sus niños y niñas, se ven mayormente afectados, pues respiran a diario el aire contaminado por la minería de carbón, no tienen como alimentarse adecuadamente, tampoco cuentan con agua potable para consumir y mucho menos para lavarse las manos. Esta pandemia pone en evidencia las profundas desigualdades del país, en donde la muerte de algunos parece más importante que la de otros, como es el caso que veremos continuación.

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En atención a la grave afectación que representaría para los derechos humanos y el ambiente la adopción y puesta en marcha de las propuestas del empresariado, bajo un potencial escenario de emergencia económica donde se prioricen acciones de impulso y protección al extractivismo por encima del bienestar y protección de las personas y el ambiente, las y los firmantes proponemos... 

Conozca la Petición y Firme en el link.

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Pensamiento y Acción Social, lamenta y se solidariza con la Organización Femenina Popular - OFP por el asesinato de su lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, quien el pasado 24 de Marzo fue asesinada en horas de la noche frente a su vivienda ubicada en el barrio Guarigua del Municipio de San Pablo (Sur de Bolívar). 

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A propósito del interés del Grupo de Trabajo (GT) de “identificar y aclarar las políticas y prácticas de los Estados y las empresas, incluidos los inversores públicos y privados, a lo largo de todo el ‘ciclo del conflicto’ y los tres pilares de ‘Proteger, respetar y remediar’ de los Principios Rectores (PR)”, la Mesa Nacional de ONG sobre empresas y derechos humanos presenta este insumo -basado en el análisis del caso colombiano-, que espera ayude a “comprender mejor las medidas prácticas que todos los actores deben adoptar para prevenir y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial”.

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A propósito del interés del Grupo de Trabajo (GT) de “identificar y aclarar las políticas y prácticas de los Estados y las empresas, incluidos los inversores públicos y privados, a lo largo de todo el ‘ciclo del conflicto’ y los tres pilares de ‘Proteger, respetar y remediar’ de los Principios Rectores (PR)”, la Mesa Nacional de ONG sobre empresas y derechos humanos presenta este insumo -basado en el análisis del caso colombiano-, que espera ayude a “comprender mejor las medidas prácticas que todos los actores deben adoptar para prevenir y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial”.

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Pensamiento y Acción Social, lamenta y se solidariza con la Organización Femenina Popular - OFP por el asesinato de su lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, quien el pasado 24 de Marzo fue asesinada  en horas de la noche frente a su vivienda ubicada en el barrio Guarigua del Municipio de San Pablo (Sur de Bolívar). Esta lideresa hacía parte activa de la OFP desde hace más de 10 años dinamizando y acompañando diferentes actividades programadas por la organización, como los núcleos de ahorro, escuelas de formación de lideresas, entre otras.

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En Colombia, la cuestión de la relación entre empresas y derechos humanos ha venido ocupando un lugar importante en la agenda pública, no precisamente por el compromiso de las empresas y el Gobierno de velar por los derechos humanos; sino, por el contrario, debido a los casos de abusos y violaciones de los derechos y las libertades fundamentales en que se han visto involucradas empresas nacionales y trasnacionales, que han afectado a personas, a comunidades, a la naturaleza y a los territorios, contribuyendo a aumentar la complejidad del conflicto social, político y armado que aún vive el país.  

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Hablar de la captura corporativa del Estado resulta relativamente fácil si entendemos que hoy el poder de las empresas ha permeado nuestra vida cotidiana, y observamos otro tipo de sus manifestaciones: las estrechas relaciones entre gobernantes y empresarios. El conjunto de presentaciones en el Seminario abordó de manera profunda las consecuencias que tiene ese poder corporativo en los territorios y en las comunidades afectadas por la actividad empresarial, principalmente los relacionados a la contaminación, el desplazamiento, confinamiento, privatización de bienes de la naturaleza, la transformación de la cotidianidad de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, entre otros.

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Guapi, ¿lo has oído? López de Micay, ¿tampoco? Timbiquí, ¿ese sí? Los has escuchado en los noticieros, a veces, especialmente cuando un líder o una lideresa son amenazados de muerte o asesinados, o cuando las voces intransigentes que ven siempre al país a través del filtro en blanco y negro de la desinformación se atreven a decir, con total desconocimiento de las realidades ajenas, “los tales defensores deben ser guerrilleros o miembros de algún grupo ilegal”. ¡La berraca estigmatización! ¡La berraca ignorancia!  Artículo Fundación Chasquis en Las Dos Orillas.

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En el marco de la campaña "Atarrayemos el cambio por un sueño PAZífico", un grupo de líderes y lideresas sociales llegaron al municipio de Guapi para hacerse escuchar. Con presentaciones musicales, bailes, arte y diálogo, estos líderes y lideresas de la región le mostraron al municipio y al mundo, los valores que guían su actuar, las causas que defienden, las razones detrás de su labor y dejaron claro que su trabajo lo hacen por el bienestar de su gente.

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En este comunicado "la comunidad manifiesta su preocupación y desasosiego, ante la incertidumbre sobre el compromiso de las empresas mineras de realizar los aportes de los recursos económicos suficientes para cumplir los acuerdos suscritos, en los tiempos y con las características acordadas en el PAR."  Conozca el documento entero acá.

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Hacia las 9:30 de la mañana, del 12 de noviembre de 2019, en territorio Indígena de la comunidad Embera Dochama Altos de Uré, ubicada en la vereda Batatalito, corregimiento Versalles del municipio de San José de Uré, se presentó una nueva incursión armada.  Conozca el comunicado de organizaciones sociales acompañantes y organizaciones territoriales sobre los hechos aquí.

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La última masacre contra el pueblo indígena Nasa, en el resguardo de Tacueyó, convirtió en víctimas de asesinato a una autoridad propia y cuatro guardias indígenas, dejando además a otros cuatro heridos.  ¿Tiene razón la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, cuando afirma que los indígenas del Cauca están siendo víctimas de genocidio? Análisis PAS

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la campaña Atarrayemos el cambio por un sueño PAZífico busca revindicar la labor de defensa que realizan las autoridades propias, los defensores y los líderes y lideresas en cada comunidad, entendiendo que estos defensores luchan por derechos colectivos y por ello, deben contar con el reconocimiento y respaldo de su comunidad y de las instituciones.  Conozca todos los contenidos aquí.

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PAS, TDH y MISEREOR acompañamos a los niños, niñas y adolescentes (NNJ) de la comunidad de El Hatillo desde hace más de 10 años en su lucha frente al extractivismo.  La comunidad ha visto como poco a poco la minería de carbón y el cultivo de palma, destruyeron el agua, el aire y la cultura de su territorio.  Conozca acá los productos que los NNJ han desarrollado para contarle su historia al mundo.  

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Desde La Guajira nos llega esta nota cortesía de Eduvilia Uriana, una comunicadora Wayúu quien recoge los momentos de la escuela que adelanta PAS en el territorio.  La escuela trabaja en la formación de líderes sociales de organizaciones y comunidades indígenas de este departamento, para el fortalecimiento de sus procesos de lucha en defensa de sus derechos, territorios y de la naturaleza. Conozca más acá.

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El viernes 23 de agosto de 2019 en el marco del proyecto “Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina”, realizado en conjunto por organizaciones de 5 países, PAS lanzó un informe nacional en el que se evidencian las afectaciones que sufren las comunidades del corredor minero y la ineficacia de los mecanismos voluntarios.  Conozca más del evento de lanzamiento acá:

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Este informe se realiza en el marco del proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los Derechos Humanos en América Latina", llevado a cabo por 4 países bajo la consultoria de COSPE y el cofinanciamiento de la Unión Europea.  En esta página encontrará todo el material audiovisual, gráfico y escrito realizado como parte del informe, en el que se evidencian las afectaciones que las actividades extractivistas han dejado en las comunidades y la ineficacia de los mecanismos voluntarios para frenar las violaciones a los Derechos Humanos que producen las empresas. 

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La Asociación Agropecuaria y Pesquera de El Guayabo (AGROPEGU) y las organizaciones y entidades nacionales e internacionales que desde 2013 acompañamos a la comunidad de El Guayabo y Bella Unión, manifestamos a las entidades nacionales responsables de la seguridad y protección de las comunidades que defienden derechos humanos, de la recuperación y custodia de los baldíos de la Nación y de la adjudicación de tierras a las comunidades campesinas víctimas del conflicto interno armado, nuestra más profunda preocupación los ataques ocurridos entre el 23 de junio y el 29 de julio de 2019.

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Las violaciones a los derechos y libertades fundamentales de líderes sociales y defensores de derechos humanos que enfrenta hoy Colombia - independientemente de la polémica que suscitan las cifras - nos pone de cara a una compleja realidad sociopolítica en la que ciertos discursos contribuyen a crear las condiciones que las hacen posiblesy las perpetúen. Estos van desde el encubriendo o la legitimación de la violencia, hasta el negacionismo histórico. ¿Cómo operan? ¿Cuáles son sus efectos? Análisis PAS.

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El jueves 23 de mayo un grupo de hombres armados se presentaron en el centro poblado de la vereda Brazo Izquierdo, corregimiento de Versalles a menos de una hora de la comunidad indígena de Dochama. Toda la comunidad, hombres mujeres y niños, fueron reunidos, reteniendo sus celulares y medios de transporte. En presencia de los retenidos asesinaron a dos miembros de la comunidad, que al parecer hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).  Conozca el seguimiento hecho aquí.

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El 24 de mayo de 2019 en el salón Boyacá del Congreso de la República, se realizó la Audiencia Pública ¿quién protege a los líderes y lideresas sociales? organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esta tenía como objetivo visibilizar y denunciar la problemática en materia de violaciones a los derechos humanos, persecución y asesinatos a los líderes y lideresas sociales en el país. Conozca más aquí.

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En el marco de los 10 años de cooperación entre PWS y PAS, recibimos al nuevo equipo de acompañantes internacionales que estará en la región del Magdalena Medio.  Su llegada busca aportar a la seguridad de las comunidades acompañadas y a la sensibilización en el mundo entero sobre la situación en la que viven las comunidades y organizaciones que defienden los derechos humanos en esta región.

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El o la coordinadora será responsable del área administrativa, financiera y de proyectos garantizando el cumplimiento de los objetivos de la Institución, la implementación de los proyectos/programas que desarrolla y atender de manera prioritaria los requerimientos de los donantes.

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ANÁLISIS PAS: El Hatillo es una comunidad rural, de vocación campesina, ubicada en el departamento del Cesar,  que fue obligada en 2010 por el Estado colombiano a realizar la negociación para su reasentamiento involuntario, como consecuencia de la contaminación atmosférica.  La comunidad debía ser re ubicada dos años después, y sin embargo, hoy, 8 años después del fallo, no han sido re ubicados. Tan solo en diciembre de 2018 se firmó el plan de reasentamiento, según el cual la re ubicación se daría en el 2023, 11 años tarde.  La lista de agravios no se detiene ahí.

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Entre los días 2 y 3 de mayo, se realizó en Bogotá una consulta latinoamericana sobre derechos ambientales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Entre los resultados centrales se subraya la construcción de un Mandato de los y las jóvenes que tiene como propósito exigir el respeto a los derechos de los defensores de la madre tierra y el cumplimiento de los numerosos acuerdos relacionados con derechos de niñas, niños.  Conozca el mandato y detalles sobre el desarrollo de la actividad acá.

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Los días 15 y 16 de mayo en el corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), se desarrolló el II Encuentro Regional de Acueductos Comunitarios de la región Caribe. Este tenía como objetivo revisar los conflictos socioambientales presentes en este territorio. Con representantes de comunidades organizadas en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de los departamentos de Sucre, Bolívar y La Guajira, particularmente las subregiones que comprenden los Montes de María, el Canal del Dique y la Mojana sucreña, se pudo abordar una interesante discusión acerca de los impactos, conflictos y daños que se generan producto del modelo extractivista.

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El o la coordinadora será responsable del área administrativa, financiera y de proyectos garantizando el cumplimiento de los objetivos de la Institución, la implementación de los 2 proyectos/programas que desarrolla y atender de manera prioritaria los requerimientos de los donantes. Conozca los términos de referencia de la convocatoria haciendo clic abajo.

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Los niños y niñas se encuentran entre los grupos más vulnerables al daño ambiental. Los números son realmente impactantes. Más de 1.5 millones de niños y niñas menores de cinco años pierden sus vidas cada año como resultado de los impactos ambientales evitables, mientras que millones más sufren enfermedades, discapacidades y una variedad de otras formas de daño, algunas de las cuales pueden causar efectos de por vida.  Conozca en este video a los jóvenes que están trabajando por cambiar esta realidad. 

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Sin duda, el Acuerdo Final de Paz creó un nuevo contexto nacional que, lejos de poner fin al conflicto social y armado: incorporó nuevas tensiones políticas entre defensores y detractores de la paz y la salida política negociada al conflicto armado, abrió el escenario para nuevos actores políticos, puso en evidencia la persistencia y emergencia de actores armados, desató nuevas disputas en torno a la tierra y el territorio y creó nuevos marcos normativos e institucionales.  Lea la investigación completa acá.

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Colombia fue uno de los 54 países que se abstuvo de votar la Declaración. Sin embargo, es importante aclarar que una Declaración es un instrumento jurídico que no tiene un carácter vinculante (soft law) y, por tal razón, el voto favorable, desfavorable o abstención no afecta, en estricto sentido, su obligatoriedad. Una Declaración expresa un consenso ético y político donde la comunidad internacional crea principios que establecen obligaciones morales respecto de los derechos allí contenidos y, por lo tanto, son más bien orientaciones sobre lo que deberían desarrollar los Estados en sus marcos jurídicos nacionales[1]. Es decir, Colombia no está excluida de esta obligación moral.

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ANÁLISIS PAS

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La Subdirección de Procesos Agrarios y de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, invita a quienes crean tener interés en proceso de deslinde o delimitación de las tierras de propiedad de la Nación adelantado sobre los terrenos que conforman el denominado COMPLEJO CENAGOSO EL GARZAL, ubicado en jurisdicción del municipio de Simití, departamento de Bolívar, a la JORNADA DE NOTIFICACIÓN de la Resolución No. 0106 del 29 de enero de 2013, por medio de la cual se inicia el referido el procedimiento agrario.

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El pasado 26 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento de la investigación “Los riesgos de los Defensores del Derecho a la Tierra y el Territorio en el escenario de posacuerdo de paz en Colombia. Una mirada desde la región.” El documento es fruto del trabajo conjunto entre las ONG Pensamiento y Acción Social y Protection International, desarrollado en el departamento de Córdoba, y las regiones del pacifico Caucano y el Magdalena medio durante 2017 y 2018. Hoy, lanzamos la versión digital.

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En el marco de los 10 años de nuestra alianza con PWS publicamos este artículo de una de las acompañantes internacionales.  En este escrito, Monika Stucki narra la lucha de Ríos Vivos, una organización que ha visto como desaparece la riqueza ambiental que en otra época fue la fuente de vida de las comunidades.  

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El 7 de marzo de 2009, hace 10 años, el programa PeaceWatchSwitzerland llegó a Colombia de la mano de Pensamiento y Acción Social.  Ese día, arribó al país por primera vez un equipo de voluntarios de esta organización con la misión de acompañar a comunidades defensoras de derechos humanos, en medio de sus luchas.  Desde entonces, decenas de voluntarios han construido sobre ese primer paso y cientos de personas han sido beneficiadas por su acompañamiento. 

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Durante el 2018, Barrancabermeja fue el escenario principal de la  campaña “Somos Como Tú”  que llevó a la ciudad a líderes y lideresas de comunidades rurales defensoras de derechos humanos, para que mostraran su verdadera cara ante autoridades, fuerza pública y ciudadanía.  Estos pudieron ver que las personas, que desde el campo defienden sus derechos, son esenciales para cualquier democracia, y más de ello, son personas que trabajan honestamente por su sustento. Pudieron ver que es mucho más lo que los une que lo que los diferencia.

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En este extracto de la entrevista de El Espectador a Camilo Bonilla de la CCJ se analizan los patrones que se han identificado en cuanto a  los asesinatos a líderes sociales en Colombia.  Ante el agravamiento continuo de lo que ya parece un “exterminio social”, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, once organizaciones no gubernamentales investigaron los patrones detrás de los ataques contra el derecho a la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.