Comunidad Nasa denunció violaciones de Derechos Humanos y destruyó arsenal de guerra en audiencia pública.

El evento, en el cual la comunidad del Cabildo Cerro Tijeras manifestó enfáticamente su necesidad de vivir en paz, se realizó en el casco urbano del municipio de Suárez, zona norte del departamento de Cauca.  Allí, ante una lamentable ausencia de representantes gubernamentales, los líderes indígenas plantearon 8 puntos principales que están afectando a la comunidad.  Al final, lo que buscan es desterrar la guerra de su territorio, acabar con las violaciones que a través de los años le han causado sufrimiento a su gente y poder construir una comunidad autónoma y en paz. 

Por: Betty Pedraza López

Punto 1:  Parte de los principales motivos que llevó a la comunidad a realizar este evento era la necesidad de establecer acuerdos y compromisos con el Gobierno nacional para lograr superar las graves violaciones a los DDHH que se vienen presentando en el territorio.  Sin embargo, la presencia fue mínima y es difícil llegar a acuerdos con un Gobierno Nacional que no llega.

No asistieron:

  • Vicepresidencia dela República 

  • Ministerio del Interior

  • Ministerio de Agricultura

  • Ministerio de Defensa

  • Oficina del Alto Comisionado para la Paz

  • Unidad Nacional de Protección –UNP

  • Gobernación del Cauca.

Asistieron:

  • Pensamiento y Acción Social

  • Protection International

  • Organizaciones No Gubernamentales y Sociales

  • Naciones Unidas Misión de Verificación

  • MAPP – OEA

  • Ejército y Policía Nacional 

  • Fiscalía General de la Nación- Seccional Cauca

  • Defensoría Regional del Pueblo

  • Alcalde y personero municipal de Suárez

Punto 2:  Presentaron un informe que da cuenta de más de 42 hechos que constituyen agresiones contra su territorio, su comunidad y autoridades, ocurridos entre 2009 y 2018 bajo la presunta responsabilidad de las FARC, el Ejército Nacional, Ejército Popular de Liberación y grupos armados delincuenciales, así como de las afectaciones que dejaron entre sus comuneros. Durante estos últimos 9 años, han sido víctimas de, entre otras cosas: señalamiento y estigmatización a sus autoridades propias y a otras organizaciones sociales como la Junta Directiva de la asociación de Comunales y como “colaboradores de la guerrilla”, atentados de las FARC, amenazas a sus líderes  y a Concejales por parte de las “Aguilas Negras”, asesinatos como el de Alexander Quintero –líder y testigo de la masacre del Naya-, asesinatos de sus “Twala” y guardias indígenas y circulación permanente de panfletos con amenazas de muerte por toda la zona.

Asociaron estos ataques a las acciones estatales que favorecen intereses económicos privados en torno al desarrollo de proyectos económicos sobre su territorio, tales como explotaciones mineras de la empresa Ashanti, explotación extensiva maderera de Cartón Colombia, y proyectos turísticos en torno a la Represa de la Salvajina. Para los actores vinculados a estos intereses las autoridades indígenas y sus acciones de control territorial son un impedimento para el desarrollo pues, en palabras de quienes los amenazan, “no dejan progresar al Cauca”.

Punto 3:  Afirmaron que antes de la desmovilización y desarme de las FARC “uno sabía sortear el tema de la guerra en el territorio, pero ahora NO”. El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN, advirtió sobre la presencia de más de 10 grupos armados ilegales diferentes en su territorio, luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Adicionalmente autoridades indígenas de Toribío afirman que ya hay carteles extranjeros del narcotráfico en el territorio que hacen propuestas económicas llamativas a la comunidad para dividirla.

Entre 2015 y febrero de 2018, se han producido dos masacres en la parte alta del municipio de Suarez, que dejaron 11 muertos en total: 5 en 2015 y 6 en 2017, la última generada por el enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales, presuntamente EPL y una disidencia de las FARC, produciendo de inmediato el desplazamiento de 253 familias. El día siguiente, a las 8:00 p.m. detonó un artefacto explosivo en la Buitrera, Resguardo de Huellas, municipio de Caloto, afectando a dos miembros del Ejército Nacional.

Punto 4:  Presentaron y destruyeron públicamente 5.000 proyectiles de fusil, una granada de fragmentación marca Indumil, un fusil, cuatro uniformes militares – uno de ellos con código de barras - , comida y dos cédulas de ciudadanía venezolanas;  propiedad de alguno de los grupos que se enfrentaron el pasado 08 de diciembre en el cabildo Cerro Tijeras. Adicionalmente informaron que ya en junio de 2016, 11 armas de fuego fueron decomisadas y entregadas a la Defensoría del Pueblo y a la Misión de Verificación de la ONU.

Punto 5: Conocieron la propuesta de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cauca, de crear una Mesa de Diálogo para definir el estado de las investigaciones sobre los más de 42 hechos violatorios de los Derechos Humanos denunciados en esta audiencia y la solicitud elevada ante la UNP para que otorgue medidas especiales de protección a los líderes amenazados mediante vallas públicas o grafitis en paredes.

Punto 6: Manifestaron inconformidad con el tratamiento que reciben por parte del Estado por la falta de reconocimiento de sus autonomía.  Citaron como ejemplo dos juicios que la comunidad adelantó contra personas que desarmonizaron el territorio y han sido desestimados por entidades del Estado.

Punto 7: Hicieron un llamado a los participantes para estar atentos a los nuevos riesgos que esta acción generará sobre las autoridades indígenas, la comunidad y el territorio, ya que uno de estos grupos armados dio un plazo a la comunidad para que le fueran devueltos las armas y elementos de guerra y anunció la existencia de explosivos en la vía para impedir la realización de esta audiencia. Mientras tanto, hombres armados buscaron ayer al gobernador del cabildo –hijo de un líder ya asesinado- y, 37 comunidades con parcialidades indígenas en la parte alta de esta zona permanecen confinadas y enfrentan diariamente el continuo robo de ganado por parte de estos grupos ilegales. 

Punto 8: Ratificaron que el Cabildo Cerro Tijeras seguirá ejerciendo el control sobre su territorio y que junto con los cabildos y autoridades indígenas de toda la zona norte, adoptan la consigna común de no permitir más grupos armados en el territorio y las armas que apunten a la población civil deben ser destruidas. En este marco anuncian que en Tacueyó, se realizará otra Audiencia Pública para presentar y destruir las armas de fuego que fueron decomisadas durante un ejercicio de control territorial en el Tierrero.

Pensamiento y Acción Social y Protection International, expresan su solidaridad y apoyo a todas las comunidades indígenas del Norte del Cauca y pide al gobierno nacional, al cuerpo diplomático, a las organizaciones de Derechos Humanos y a quienes apoyan su causa, a continuar atentos a la situación del pueblo Nasa.

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