El Gobernador Indígena del Resguardo Zenú Alto San Jorge, Rafael Flórez y Darly Rojas, la promotora psicosocial de esta comunidad, recibieron amenazas en su contra vía Whatsapp, en las que los declaran objetivo militar. Estas amenazas también fueron recibidas por otros líderes sociales del municipio de Puerto Libertador, el pasado martes 21 de abril hacia las 10 de la noche. 

 

El mensaje enviado a los celulares de los líderes sociales, gobernador indígena y promotora psicosocial de la comunidad Zenú, refiere de manera específica los bloqueos y cierres de vías que la comunidad indígena ha desplegado en el municipio de Puerto Libertador, para controlar el ingreso de personas ajenas al territorio indígena como una medida de protección del derecho a la salud de las comunidades.

 

Los cierres preventivos adelantados y promovidos por la Guardia Indígena del Resguardo Zenú Alto San Jorge, han sido coordinados y han estado acompañados por las autoridades locales. Sin embargo, afirman que varias personas se han opuesto a estas acciones, pues han impedido el paso de personas ajenas al territorio y quienes al parecer tienen vínculos laborales con empresas que hacen presencia en la zona.

 

Esta es la tercera amenaza reportada por líderes sociales en el sur de Córdoba en el marco de la actual emergencia sanitaria por el Covid-19. La primera fue reportada en el municipio de Montelíbano el 24 de marzo, cuando una líder del corregimiento de Tierradentro fue amenazada a través de redes sociales. La segunda se presentó en el municipio de Tierralta a la Gobernadora Indígena del Cabildo Zenú Vende Agujas y otros líderes de la zona el 13 de abril.

 

El resguardo Zenú del Alto San Jorge, hace parte de las comunidades y organizaciones que conforman el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba –GTTC–. Ante este nuevo hecho de amenaza que vulnera el legítimo derecho de Defender los DD.HH., las organizaciones y comunidades del GTTC y sus organizaciones acompañantes (Corporación para el Desarrollo Social Comunitario –CORSOC–, Pensamiento y Acción Social –PAS–, Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP/Programa por la Paz– y Broederlijk Delen, hacen y reiteran las siguientes exigencias y recomendaciones:

 

• A la Fiscalía General de la Nación: Adelantar las investigaciones pertinentes con el fin de dar con los responsables de estas nuevas amenazas y llevarlos ante la justicia. Así mismo, solicitamos dar cuenta de los avances en las investigaciones por las amenazas reportadas el pasado 24 de marzo y 13 de abril.

 

• A la Unidad Nacional de Protección (UNP): Actualizar los estudios de riesgo de los líderes sociales y autoridades indígenas relacionados con esta amenaza, para determinar la idoneidad de las medidas de protección implementadas y reforzar o implementar las medidas de protección a las que haya lugar en razón de estos hechos sobrevinientes a su condición de vulnerabilidad, para garantizar con ello su ejercicio de liderazgo social y comunitario.

 

• A las autoridades locales: Implementar las medidas preventivas de seguridad a líderes sociales y autoridades indígenas y consultar, coordinar y garantizar el consentimiento libre e informado respecto de todas las acciones de prevención frente al Covid-19 en territorios indígenas. 

 

• A la Defensoría del Pueblo: Mantener el seguimiento de la situación de DDH en el departamento de Córdoba, y ampliar las indagaciones sobre los autores de las amenazas, quienes se autodenominan como un nuevo actor armado en el escenario de conflicto en la región del sur de Córdoba.

 

• Reiteramos el llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para que, en el marco de su mandato, se haga seguimiento al cumplimiento de los acuerdos para brindar garantías en el ejercicio del liderazgo social en el departamento de Córdoba.