Hacia las 9:30 de la mañana, del 12 de noviembre de 2019, en territorio Indígena de la comunidad Embera Dochama Altos de Uré, ubicada en la vereda Batatalito, corregimiento Versalles del municipio de San José de Uré, se presentó una nueva incursión armada. En esta ocasión, aproximadamente 12 hombres, quienes se identificaron como miembros de las FARC-EP, ingresaron al centro poblado de Batatadó, ordenando a toda la comunidad indígena y campesina de la zona desplazarse inmediatamente.

Al menos 73 miembros de la comunidad indígena, 19 familias, fueron desplazados forzosamente al casco urbano del municipio de San José de Uré, luego de que los sujetos que portaban brazaletes con los símbolos de la antigua guerrilla de las FARC, quienes afirmaron que actuaban en alianza con el Bloque Virgilio Peralta Arenas (conocidos en la zona como “Caparrapos”), los amenazaran con asesinarlos si no lo hacían. Por su parte, los registros preliminares de la Defensoría del Pueblo reportan el desplazamiento de 15 familias campesinas, aproximadamente 53 personas.

Uno de los sujetos le indicó a la comunidad indígena que tenía la orden de asesinar a todo el personal que se encontrara en la zona; pero que,  debido a la presencia de niños y ancianos, cambiaban la decisión, conminándolos entonces a abandonar sus hogares en las siguientes 24 horas.  Los armados señalaron que si al día siguiente encontraban a alguna persona en la zona sería asesinada. Un comunero de la comunidad indígena les indicó a los sujetos armados que había leyes que los protegían y les hizo un llamado para que no llevaran a cabo el desplazamiento; sin embargo, la respuesta fue que no les importaban ni leyes, ni raza, ni color de piel, que todos se tenían que desplazar de su territorio so pena de ser asesinados.

La comunidad indígena teme que la amenaza de desplazamiento forzado cubra a las otras comunidades que hacen parte del mismo resguardo en constitución, y con las cuales no han podido establecer comunicación.

Los hechos de los cuales es víctima la comunidad indígena Emberá Dochama Altos de Uré, habían sido alertados por la Defensoría del Pueblo con carácter de inminencia en la Alerta Temprana 023 de 2018, y reiterados en la Alerta Temprana 071 de ese mismo año, sin que a la fecha se hayan tomado la medidas para prevenir la acción que derivó en el desplazamiento de esta comunidad indígena y campesina.

La gobernadora del Córdoba, Sandra Devia, afirmó en medios locales que el desplazamiento respondería a la negativa de la comunidad a participar en el Paro Nacional convocado para el próximo 21 de noviembre de 2019. Sin embargo, estas declaraciones no concuerdan con la información suministrada por los comuneros de la comunidad, quienes afirman que en ningún momento se hizo mención a esta movilización por parte de los hombres armados. Estas declaraciones son contrarias a la verdad, re-victimizan a las comunidades víctimas de este desplazamiento forzado y las ponen en riesgo.

En enero de 2018, al menos 10 familias de esta misma comunidad fueron desplazadas a la fuerza de la vereda San Pedrito del municipio de San José de Uré, ellas aún permanecen en situación de desplazamiento forzado en el casco urbano del municipio y no han podido llevar a cabo un plan de retorno, pues las condiciones de seguridad en el territorio no lo permiten.

El pasado 23 de mayo de 2019, una incursión armada en territorio que colinda con la Comunidad Embera Dochama, dejó como saldo el asesinato de dos jóvenes en el sector de Brazo Izquierdo, del corregimiento Versalles, del municipio de San José de Uré. Al día siguiente, el 24 de mayo en horas de la mañana, se registraron combates entre los miembros de las AGC y los “Caparrapos”, en el corregimiento Batatalito, donde también se ubica la comunidad; allí fueron encontrados cerca de 13 cadáveres de miembros de los grupos armados. Todas estas violaciones de derechos humanos contra sujetos de especial protección constitucional ocurren a pesar de la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles.

Frente a estos nuevos hechos de violencia en contra de la comunidad Embera Dochama Altos de Uré, las comunidades y organización miembro del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba GTTC y sus organizaciones acompañantes (CORSOC, Pensamiento y Acción Social –PAS-, CINEP y Broederlijk Delen) se permiten hacer las siguientes recomendaciones:
 
    •    A los funcionarios públicos de orden local, regional y nacional, abstenerse de dar declaraciones sin fundamento sobre la situación, puesto que somete a las comunidades a un riesgo mayor.

    •    A la Procuraduría General de la Nación, reiteramos el llamado a adelantar las investigaciones que permitan sancionar a las autoridades o funcionarios que no hayan atendido de manera oportuna la situación de riesgo de comunidades indígenas y campesinas o que hayan desatendido recomendaciones para la protección y seguridad de estas poblaciones en el marco del Sistema de Alertas Tempranas. Así mismo, en el marco de la Directiva 002 de 2017, se proceda hacer las indagaciones y respectivas investigaciones a los funcionarios que hayan dado declaraciones erróneas que revictimizan a la comunidad y la someten a un riesgo adicional al ya registrado.  

    •    A la Unidad Nacional de Protección, implementar de manera urgente medidas preventivas de seguridad para la comunidad Emberá Katio Dochama, en el marco de la ruta de protección colectiva que se adelanta desde el 2018, y que fueron aprobadas en el mes de julio de 2019, las cuales a la fecha no han sido implementadas.

    •    A la Unidad para La Atención y Reparación Integral a las Víctimas, continuar la atención de esta emergencia humanitaria y garantizar los derechos de la población desplazada por este nuevo hecho de violencia en contra de la comunidad Emberá Dochama Altos de Uré. Así mismo, coordinar con otras entidades del orden local y regional para generar las condiciones óptimas para el retorno de las familias desplazadas en enero de 2018 y las afectadas por este nuevo hecho.

 

Vereda El Hatillo, Municipio de El Paso, departamento del Cesar, Colombia. Noviembre 12 de 2019.

 

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

 

HONORABLES REPRESENTANTES

FORO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

GINEBRA, SUIZA

 

Asunto: Incumplimiento de las Empresas Mineras dentro del Proceso de Reasentamiento de Vereda de El Hatillo, El Paso, Cesar.

 

La Junta de Acción Comunal de la vereda El Hatillo, municipio de El Paso, Cesar, Colombia, en representación de su comunidad, se permite poner en conocimiento de este respetable Foro, los siguientes hechos y peticiones.

 

ANTECEDENTES:

 

La Vereda de El Hatillo del Municipio de El Paso (Cesar), es una comunidad rural integrada por doscientas siete (207) familias, quienes han habitado tradicionalmente este territorio desde comienzos del Siglo XX.

 

Las Resoluciones 970 y 1525 de 2010, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVD), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), establecieron la obligación a cargo de las empresas mineras DRUMMOND LTD, sucursal Colombia, CI PRODECO S.A. y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS y VALE COAL COLOMBIA LTD sucursal Colombia, de reasentar entre otras, a la población de El Hatillo para prevenir la afectaciones que se derivan de la actividad minera. Luego de ocho (8) años de diálogo y concertación con las Empresas Mineras, lleno de interrupciones y dificultades, se firmó el pasado 29 noviembre de 2018, el Plan de Acción del Reasentamiento (PAR).

 

Posterior a la firma del PAR se inicia su fase de implementación, desarrollando, entre otras, la Fase de Información y Consulta, la cual se describe, dentro del documento del PAR, como “el momento en el que las familias/hogares tendrán la oportunidad de recibir la información sobre el PAR (la lógica sobre la cual se construyó, los impactos identificados, las medidas de restablecimiento y la forma como aplican para cada familia/hogar) y orientar su decisión según las características familiares”.

 

Fase de Información y Consultaculmina con la protocolización del contrato de transacción entre las empresas mineras y las familias/hogares; cuyo objeto es “Dar por resuelta cualquier controversia, disputa, reclamación o conflicto y precaver de manera definitiva cualquier eventual litigio presente o futuro entre las Familia/Hogar sujeto de reasentamiento y las Empresas Mineras, que pueda derivarse de los impactos identificados y las medidas reconocidas dentro del plan de acción del reasentamiento concertado y refrendado”.

 

 

En septiembre del presente año ya se había configurado el incumplimiento contractual de aproximadamente trece (13) Familias/Hogar y en el mismo mes, se suspendió unilateralmente, por parte de las empresas mineras, la firma de ochenta y dos (82) contratos de transacción. A partir del 16 de septiembre del mismo año, la entidad privada SOCYA, quien hace las veces deoperador del reasentamiento, informó a la comunidad que “las empresas ordenan no continuar con la firma de contratos porque existe un problema administrativo en la fiduciaria”.

 

En vista de lo anterior, la comunidad, los días 18, 19, 25, 26 de septiembre y 23 de octubre de 2019, en el marco de las reuniones de socialización convocadas por el operador y las empresas, solicitan una explicación de lo enunciado anteriormente; además, de insistentes llamadas telefónicas por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) solicitando respuesta a las inquietudes de la comunidad. Frente a lo cual, el operador y las empresas manifiestan únicamente que “el tema se sigue dirimiendo al interior de las Empresas”, y que el “27 de septiembre se pondrán al día con los pagos que estaban aplazados” y “El primero (1) de octubre se reunirán los presidentes de la tres (3) Empresas, para definir los recursos del último trimestre y se definirá la fecha en que se le dará vía libre al operador para continuar con la firma de los nuevos contratos”.

 

El 25 de septiembre se radicó un Derecho de Petición ante las Empresas Mineras y el Operador, el cual a la fecha no ha sido respondido, estando vencidos los términos legales de respuesta. De otra parte, el ocho (8) de noviembre de 2019 se radicó Derecho de Petición ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), solicitando su intervención, mediante la convocatoria a las entidades competentes, a una reunión del Comité Operativo, que haga seguimiento a lo acordado en el PAR y al cumplimiento del cronograma.

 

Ante la ausencia de un pronunciamiento oficial de fondo por parte de las empresas mineras, el operador SOCYA y la empresa interventora EnvironmentalResources Management (ERM), la comunidad manifiesta su preocupación y desasosiego, ante la incertidumbre sobreel compromiso de lasempresas mineras de realizar los aportes de los recursos económicos suficientes para cumplir los acuerdos suscritos, en los tiempos y con las características acordadas en el PAR.

 

Solicitamos, muy respetuosamente a los honorables miembros de este Foro, hacer un llamado al gobierno nacional de Colombia para hacer cumplir a las empresas mineras los acuerdos suscritos con la comunidad de El Hatillo.

 

Atentamente,

 

 

Junta de Acción Comunal

Vereda El Hatillo, El Paso, Cesar

 

Las comunicaciones se reciben en los siguientes correos electrónicos:

jacveredaelhatillo@gmail.com

directivoscrip@hotmail.com

coordinaciontydh@pas.org.co