Crisis humanitaria y social por desalojo de familias campesinas de la comunidad de El Guayabo
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante las autoridades judiciales y la opinión pública nacional e internacional, la inminente situación de crisis humanitaria de la comunidad de El Guayabo, frente a la orden judicial de desalojo por parte del juez promiscuo del municipio de Puerto Wilches, Santander.
La comunidad campesina de El Guayabo está compuesta por cerca de 60 familias que desde hace más de 25 años ejercen el derecho de posesión sobre los predios Altamira y San Felipe. Son campesinos y campesinas trabajadoras, que dependen de la tierra para su subsistencia y la de sus familias, además de ser productores de alimentos para la región. Sin embargo, desde hace unos 15 años, y con mayor intensidad en los últimos 5 años, él señor Rodrigo López Henao ha realizado diversas acciones, algunas jurídicas y otras violentas e ilegales, para desplazarlos y despojarlos de sus territorios.
Es alarmante la situación de esta comunidad frente a la falta de garantías e imparcialidad con la que han actuado las autoridades locales. Autoridades estatales del departamento de Santander, particularmente en el municipio de Puerto Wilches, ha vulnerado de manera flagrante los derechos fundamentales y el acceso igualitario a la justicia, pues en este caso ha sido evidente el favorecimiento hacia el señor Rodrigo López Henao, quien reclama la propiedad de las tierras que nunca ha poseído ni trabajado.
Por esta razón, esta orden judicial de desalojo de las familias campesinas de El Guayabo, vulneraría todos sus derechos asociados a la tierra, entre los que se destaca el derecho a la alimentación, la salud, el trabajo y un nivel adecuado de vida. Sorprende que se tome una medida de esta naturaleza, justo en el momento en que el Estado Nacional adelanta una serie de reformas institucionales para garantizar el acceso a la tierra por parte de poblaciones vulnerables y víctimas, condiciones que cumple esta comunidad.
Con este desalojo se materializa una acción sistemática de desplazamiento forzado, que re victimiza a familias campesinas, que históricamente se han visto afectadas por la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal. (Ver: https://youtu.be/aSZ0NZHMQ4M).
ANTECEDENTES
Desde mediados de los años ‘80, alrededor de 60 familias campesinas sin tierra, se asentaron en las riberas del río Magdalena próximas al centro poblado de El Guayabo. Motivadas por la necesidad de sustento diario y el estado de abandono en el que se encontraban las tierras los campesinos comenzaron a trabajar dichas tierras para su propio sustento.
En el 2002, el señor Rodrigo López Henao, quien afirma ser el propietario de estas tierras, empieza a realizar acciones jurídicas y otras violentas e ilegales, para forzar la comunidad a desplazarse de los predios. López Henao afirma ser víctima de desplazamiento por parte de la guerrilla, hecho que la Unidad Nacional de Víctimas no reconoce, excluyéndole del Registro Único de Víctimas en el año 2016.
Luego de más de 25 años trabajando las tierras, la comunidad inicia en 2009 un proceso de pertenencia sobre los predios de San Felipe y Altamira. Desde entonces, la comunidad ha resistido los más diversos ataques, intimidaciones y desalojos. “Tenemos el valor moral y espiritual que nos da esa resistencia”, reflexiona Dimas Ospina, líder campesino de la comunidad.
Los miembros de la comunidad se enfrentan, además, a una evidente criminalización de su proceso de organización popular y de sus líderes y lideresas, quienes son objeto de procesos penales a través de falsas acusaciones. Cuatro líderes afrontan un proceso penal injusto y uno de ellos, Álvaro García, se encuentra privado de libertad desde hace más de 14 meses y sin sentencia firme. (Leer más en: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6628-en-el-guayabo-120-familias-le-temen-a-desalojos-y-a-a menazas).
Campesinos y campesinas de El Guayabo son reconocidas como víctimas del conflicto y están amparadas por la Ley de Víctimas. Los hechos que se relatan a continuación van en contravía a la naturaleza de la Ley de Víctimas, en cuanto la restitución de tierra será en beneficio de quienes fueron despojados de ellas en primer lugar, a las víctimas del conflicto armado y a las familias campesinas sin tierras.
HECHOS
1. Desde el año 2002 la comunidad está continuamente sometida a acciones de presión, intimidación y agresión por parte del Sr. López Henao y de actores armados a su servicio, generando un ambiente de miedo, angustia y profunda preocupación.
2. Frente a la tensión, las amenazas y la violencia, la comunidad ha realizado numerosas denuncias penales en contra del Sr. López Henao, que incluso ha sido denunciado por violencia contra la mujer. Sin embargo, de estas denuncias no se conocen avances, no hay apertura de investigaciones ni sanciones penales.
3. Con irregularidades procesales, el proceso legal de reclamación de tierras ha culminado con una sentencia en firme del juez promiscuo de Puerto Wilches, que ordena el desalojo del predio San Felipe.
4. El anterior Inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, Leonel Gutiérrez Lagares, quien inició el proceso de desalojo de la comunidad, se encuentra detenido por el delito de concierto para delinquir agravado y vínculos con el paramilitarismo. Este funcionario intentó un desalojo en el año 2013 sin ser competente para ello.
5. En los últimos meses la tensión y el miedo en la comunidad han aumentado debido a varios hechos violentos como disparos y presencia de personas desconocidas en horas de la noche. La comunidad ha sufrido el robo de caballos, amenazas y agresiones físicas directas. Los parceleros Jhon Fredy Ortega y Emilse Pontón fueron atacados por cinco hombres que se identificaron al servicio del señor Rodrigo López Henao. (Ver: https://www.pas.org.co/nuevas-agresiones-contra-la-comunid Comunicado del 17 de mayo de 2017 de PAS sobre las “Nuevas agresiones contra la comunidad campesina de El Guayabo).
SOLICITUDES
En vista de los antecedentes y los hechos presentados, los y las firmantes de este comunicado solicitamos:
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A la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios que revise todas las irregularidades del proceso civil ordinario reivindicatorio a cargo del juez promiscuo municipal de Puerto Wilches y haga un pronunciamiento oficial con anterioridad al 5 de julio de 2017, fecha de la orden judicial de desalojo.
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Se suspenda el desalojo en consideración de los recursos tutelares y las medidas cautelares presentadas.
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A las autoridades locales y regionales, que tomen todas las medidas para garantizar la vida y la integridad de esta comunidad campesina y sus líderes y lideresas, sujetos de especial protección por su condición de víctimas y defensora de Derechos Humanos.
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Requerir al señor López Henao que responda ante las autoridades por los hechos relatados, en la medida en que los responsables directos dijeron actuar bajo sus órdenes.
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A las autoridades judiciales, que investiguen y sancionen a los responsables de los hechos de agresión contra la señora Emilse Pontón, agravado por ser contra una mujer y por segunda ocasión, y se provea la correspondiente protección decretadas por el juez promiscuo de Puerto Wilches.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Asociación Agropecuaria y Pesquera de El Guayabo (AGROPEGU)
Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP)
Pensamiento y Acción Social (PAS)
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Justapaz
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio
Peace Watch Switzerland (PWS)
Protection International (PI)
