Por todos los medios de comunicación circula información de la importancia del cuidado higiénico con tapabocas, lavado de manos, cuidado en el consumo alimenticio y otras asepsias que llegan a todos los rincones del país para contrarrestar el virus del COVID-19. En medio de esta situación, las comunidades wayuu, especialmente sus niños y niñas, se ven mayormente afectados, pues respiran a diario el aire contaminado por la minería de carbón, no tienen como alimentarse adecuadamente, tampoco cuentan con agua potable para consumir y mucho menos para lavarse las manos. Esta pandemia pone en evidencia las profundas desigualdades del país, en donde la muerte de algunos parece más importante que la de otros, como es el caso que veremos continuación:

 

Tras padecer varios días de fiebre alta, diarrea y vómito, en el mes de abril, murieron cuatro niños de entre cuatro meses y dos años de la Comunidad Jiwalain. Una tragedia ocurrida al finalizar el mes de abril que no estremece a la opinión pública no gana espacio en las noticias nacionales, ni locales, ni mucho menos inquieta al ICBF. Frente a estas muertes, PAS rechaza la ineficiencia gubernamental y reclama los mínimos vitales para esta población wayuu.

 

Jiwalain es una comunidad Wayúu del Resguardo Media y Alta Guajira en el municipio de Uribia, La Guajira, ubicada en el kilómetro 121 de la línea férrea que transporta el Carbón extraído por El Cerrejón desde el sur del departamento hacia Puerto Bolívar. Esta comunidad indígena nacional está compuesta por 76 familias, y a diferencia de unos pocos hogares privilegiados, no cuenta con acceso a alimentos, aire sano, ni agua debido a que la actividad extractivista ha alterado significativamente sus prácticas de producción de alimentos[1], ha contaminado sus ríos y corrientes de aire.

 

Las familias Wayuú han visto trasformados sus medios de vida de modo acelerado con la llegada de la minería de carbón trasnacional a gran escala.  En consecuencia, niñas y niños del pueblo Wayuú mueren por causas asociadas a enfermedades respiratorias y gastrointestinales, aspectos que, sumados a la alimentación insuficiente e inadecuada, sin agua potable ni saneamiento básico, suponen la desaparición del pueblo Wayúu ante la mirada cómplice de entidades estatales y corporaciones mineras.

 

Como es costumbre en las prácticas de gobierno, estas regiones mineras están en completo abandono lo que se evidencia en el precario sistema de salud, agua potable, educación y vivienda. De igual manera, la atención nutricional y de protección a los niños

 

Estas muertes infantiles cuestionan la eficacia de las visitas de funcionarios de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- que acompañan a operadores de programas de alimentación, valoran nutricionalmente a la población e identifican de riesgos de desnutrición comunitaria, llegando incluso al traslado niños y niñas a hospitales locales. (Cfr. “Directora del ICBF verifica en campo cómo se están atendiendo los niños y niñas en La Guajira[2]”)

 

El olvido y el saqueo a la población guajira fue noticia cuando la corrupción de sus gobernantes se tomó los dineros destinados a la alimentación de los niños de la región. Canastas familiares y complementos alimentarios ya insuficientes antes de la pandemia, siguen sin cubrir a la totalidad de familias[3], impidiendo el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas. Sumiendo al territorio en “la doble emergencia de la Alta Guajira”, en donde el riesgo de exterminio Wayúu declarado por la Corte Constitucional, se ve profundizado o acelerado ante el incremento en las necesidades de uso del recurso hídrico que supone el aislamiento preventivo obligatorio y las nuevas prácticas sanitarias. (Cfr. “La doble emergencia de la Alta Guajira[4]”)

 

Cabe subrayar las resistencias de las organizaciones y autoridades tradicionales, ancestrales y otros liderazgos sociales que aseguran que, ante la carencia del agua en las empobrecidas economías locales, han tenido que salir a la búsqueda del líquido vital, bajo la succión de fuentes subterráneas de agua como pozos y jagueyes, rescatando aguas no aptas para el consumo, lo que empeora la condición de salud de los niños.

 

PAS denuncia y rechaza esta situación y solicita que el Estado colombiano, por un lado, garantice los mínimos de alimentación, salud y bienestar para la población wayuu y, de modo especial, para la población más vulnerable como es la primera infancia, por otro lado, vigile y controle las actividades que realiza la empresa minera Cerrejón, que con su modelo económico viene expandiéndose en el territorio dejando graves consecuencias sociales y ambientales.     

 

¡Agua para los pueblos!

Multinacionales: Respeten Nuestros Derechos

 

[1] Las familias que vivían de la actividad agro pastoril, hoy dependen del turismo, la venta de artesanías y un en menor medida de la ganadería.

[2] Disponible en: https://diariolalibertad.com/sitio/2020/04/23/directora-del-icbf-verifica-en-campo-como-se-estan-atendiendo-los-ninos-y-ninas-en-la-guajira/

[3] Ver: https://www.tuuputchika.com/2020/04/19/en-comunidad-wayuu-mueren-dos-menores-en-menos-de-una-semana/

[4] Disponible en: https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/la-doble-emergencia-de-la-alta-guajira/ar-BB13h3bA