Desalojo de la Comunidad de El Guayabo

El dolor salía a flote en cada palabra con la que los campesinos de El Guayabo le recriminaban al ESMAD su presencia en las tierras que durante más de 25 años han trabajado para alimentar, no solo a sus familias, sino a gran parte de la región.  El miércoles 13 de diciembre, 147 hectáreas fueron desalojadas en medio de un proceso lleno de irregularidades que hoy dejan a 9 familias, aproximadamente 45 personas, sin alimentos y a 4 sin casa, sin sustento y con un nuevo sentimiento de injusticia que, con cada acción del Estado contra ellos, se hace más profundo. 

La presencia de estas familias en los predios que fueron desalojados se remonta a finales de los años 70.  Fue ahí cuando las primeras familias llegaron a estas tierras y empezaron a desarrollar sus vidas en los terrenos que encontraron abandonados. 

No sería sino hasta 1990 cuando llegaría el que hoy está detrás de los desalojos de los campesinosa reclamar los terrenos como supuestamente suyos.  Con él, denuncia la comunidad, llegaron los ataques contra los habitantes, contra sus cultivos e incluso llegaron los paramilitares a expulsar a la comunidad. 

El abogado que intercedía por las familias de El Guayabo fue golpeado por el ESMAD.  

Fuente: Reiniciar 

Irónicamente, quien la comunidad denuncia como responsable de estos ataques, se declara como víctima de la guerrilla.  Algo que no fue reconocido por la Unidad Nacional de Víctimas que lo excluyó del Registro Nacional de Víctimas (Resolución 26780) el pasado 3 de octubre de 2016.  Por el otro lado, en abril de 2016, las familias campesinas del Guayabo si fueron reconocidas como víctimas y tienen derecho a la adjudicación de tierras como forma de reparación. 

Una de las irregularidades que ha presentado este proceso, es la no inclusión de la Agencia Nacional de Tierras-ANT, como parte del proceso jurídico que Rodrigo López Henao, adelanta contra la comunidad, por la propiedad de las tierras, luego de que esta entidad constatara la existencia de terrenos baldíos de la Nación dentro de los predios reclamados por el Sr. López.   Ignorando este hecho y desatendiendo los llamados de la Procuraduría Agraria Nacional, sobre la necesidad de cumplir los requisitos establecidos por la Corte Constitucional antes de proceder con el desalojo de una víctima del conflicto armado interno, la justicia local de Puerto Wilches ha ordenado desalojar a la comunidad de estos terrenos. 

La comunidad sufrió un primer desalojo de una finca del predio identificado como San Felipe, el 29 de octubre de 2014, que afecto a una familia y ayer, 13 de diciembre, se produjo un segundo desalojo, que afectó,directamente, a otras 9. Esta comunidad hoy se enfrenta nuevamente a una grave situación humanitaria. 

 

Las familias que perdieron sus casas han tenido que moverse al casco urbano del corregimiento para alojarse con familiares y amigos, se encuentran sin alimento al estar sin tierra para cultivarlos y con una profunda afectación emocional.

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