Y es que los cambios en el ambiente, la expansión de monocultivos, el uso intensivo del agua y la tierra, la destrucción de ecosistemas, parecen ser el aspecto común en esta región del Caribe, que han dado paso al desarrollo a gran escala de plantaciones de palma de aceite, teca, piña, melina (como en Montes de María), la construcción de un Puerto en Gambote (Canal del Dique) y proliferación de diversos proyectos mineros y de hidrocarburos que a su paso han generado conflictos con las comunidades locales –campesinas, afrodescendientes e indígenas-. Precisamente el acueducto comunitario de Tomarazón, del municipio de Riohacha en La Guajira, expuso los problemas que viven como resultado de la minería a cielo abierto de carbón de la multinacional Cerrejón, que contamina el ambiente y ha privatizado el río Ranchería. Las 405 familias en su mayoría afros se organizaron en la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Comunitario de Tomarazón (Asoaatom) desde el año 2013, y ven con mucha preocupación cómo el arroyo Majacinta se secó y de allí es donde se abastece toda la comunidad.

​

La pérdida de biodiversidad y del paisaje es una realidad, pero sobre todo el problema del agua, ya que los anteriores proyectos extractivos mencionados, han privatizado fuentes de agua superficiales y subterráneas, debido a los enormes intereses económicos en el territorio. Precisamente el desarrollo de este II Encuentro, coincide con una gran movilización que llevan a cabo comunidades del municipio de María La Baja, que frente a la sequía que viven, tomaron la decisión de cerrar las compuertas del Distrito de Riego, que administra Usomaría y que es controlado por palmicultores. La represa de Arroyo Grande se ha reducido en 8 metros en menos de un mes. De allí que esta acción decidida haya puesto como eje el derecho humano al agua como un derecho fundamental para la vida. Falta que las instituciones medien en este conflicto a favor de las comunidades, ya que hasta ahora han estado a favor de los empresarios.

​

El trabajo de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios se convierte en un gran escenario para diseñar propuestas no sólo de gestión comunitaria del agua, sino también de abordaje de los conflictos que por el recurso hídrico existen en el país. Iniciativas populares como la Ley propia en el reconocimiento de la gestión comunitaria resulta trascendental, máxime en la realidad que tenemos en el país de privatización generalizada del recurso hídrico producto del modelo económico reprimarizador que tenemos. La articulación territorial de este tipo de iniciativas marca un horizonte en la responsabilidad que como organizaciones tenemos de construir un mundo mejor y una vida digna para las comunidades locales. Pensamiento y Acción Social participó en este II Encuentro.