Estado de crisis
en Colombia
Felicitas Fischer, Voluntaria PWS en Colombia
La alianza entre Peace Watch Switzerland y Pensamiento y Acción Social cumple 10 años trayendo a observadores internacionales a Colombia para velar por el respeto de los derechos de las comunidades defensorar del territorio en la región del magdalena medio. Este artículo es escrito por una de las acompañantes que durante el 2020 estuvo con las comunidades campesinas del Guayabo, El Garzal, Nueva Esperanza, Bella Unión y Las Pavas.
El mundo entró en un escenario de crisis como resultado de la aparición del COVID-19, que llevó a que los gobiernos a lo largo del mundo empezaran a desarrollar una serie de iniciativas para enfrentar esta situación. En Colombia, el gobierno nacional también se vio obligado a tomar medidas, exigiendo a la población que en el marco de este escenario acate las medidas sanitarias para frenar la expansión del virus. La indicación central: quedarse en casa para evitar el colapso del sistema de salud y sus consecuencias, que podrían ser fatales para los colombianos.
A pesar del escenario de anormalidad, el estado de crisis en Colombia no es algo totalmente nuevo para la sociedad que se ha visto marcada por conflictos armados desde hace más de 60 años. “Conflicto prolongado” es como denominan quienes se han especializado en su estudio, la dinámica que se desarrolla en Colombia. Una crisis constante.
Esa es la primera y más importante lección que como extranjera se aprende cuando se visita las comunidades rurales en Colombia, cuando se pasa tiempo, come, trabaja y dialoga con sus habitantes. La impresión existente es un constante escenario de amenaza, en donde tus acciones pueden poner en riesgo tu vida, la de tu familia o comunidad, la incertidumbre de si tu base de vida mañana aún estará, o si la tierra que estás trabajando, tu ganado o tus alimentos que has sembrado para pan coger, te serán quitados.
La incertidumbre sobre la posesión y el uso de la tierra es consecuencia directa y al mismo tiempo origen del conflicto en Colombia. Ocho millones de personas han sido desplazadas forzadamente en el país por violencia dirigida contra ellas. Eso hace de Colombia el segundo país con más población víctima de desplazamiento forzado en el mundo, después de Siria. Este fenómeno, no solo fue resultado o subproducto de la violencia y la pobreza elevada en el país, sino que se convirtió en una estrategia de guerra deliberada y en un negocio lucrativo.
La liberalización de la economía y el boom de los recursos naturales aumentaron los precios del suelo, la tierra “liberada” ha sido vendida o entregada para la explotación de recursos naturales. Hoy en día, la URT (Unidad de Restitución de Tierras) es la encargada de la difícil tarea de esclarecer los desplazamientos forzados, avanzar en la restitución y reparación de quienes fueron víctimas de este flagelo.
Las comunidades campesinas que viven y trabajan de la tierra desde hace más de treinta años no están a salvo de esta adjudicación y nueva titulación de la tierra qubolsa active life e es dirigida por intereses económicos poderosos. Las comunidades acompañadas de PAS y PWS lo muestran claramente, hay incertidumbre sobre las competencias, las medidas y las intenciones de las instituciones del Estado en procesos que demoran más de diez años, un ejemplo claro es: como la ANT (Agencia Nacional de Tierras) que se encuentra midiendo y distribuyendo tierra, se encuentra estudiando qué tierra se está trabajando, desde hace cuánto y en ocasiones definiendo si los terrenos que han sido designados como terrenos baldíos del Estado pueden ser clasificados de esta forma para beneficiar intereses de algunos sectores económicos.
La población rural colombiana debe enfrentarse no solo a la incertidumbre frente a la tenencia y uso de la tierra, que es la base de su vida, sino que esto se ve unido a la amenaza constante de la violencia directa. Grupos armados hacen presencia en estos lugares, desarrollan actividades de tráfico de drogas y armas, actúan como reguladores de la vida civil, controlando sectores económicos enteros, desde la ilegalidad hacen parte del panorama en los territorios, haciendo uso de bandas locales que colaboran con sus redes criminales o ejecutan servicios para ellos.
Delincuencia, microtráfico, extorsiones, amenazas, asesinatos de líderes y lideresas sociales, sumados a la alta impunidad amenazan con ahogar cada vestigio de esperanza y seguridad de estas poblaciones.
Según la ONG INDEPAZ han sido asesinados 72 líderes sociales en lo que va del presente año. En enero 2020, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) expresó gran preocupación sobre las alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales en 2019 y llamó al gobierno colombiano a tomar medidas para garantizar la seguridad y libertad de movimiento de líderes sociales; las cifras de asesinatos de este grupo poblacional durante este año ratifican la necesidad de avanzar en la solución del fenómeno.
Estas muertes son la expresión del poder que redes ilegales y actores violentos tienen sobre la sociedad y que no son un fenómeno nuevo en Colombia, haciendo necesario tenerlos en cuenta como una continuación de las largas dinámicas del conflicto.
La violencia contra líderes sociales es ejecutada en parte por los mismos actores y grupos que existían durante los años 2000 y que han sido responsables de la violencia y el desplazamiento. Con algunos actores nuevos que aparecen después de la firma del último acuerdo de paz. Hecho que aumenta la sensación y dinámica de amenaza para la población rural.
Las comunidades que han sido acompañada por nosotros se han venido manifestando frente a estas amenazas constantes. Para tener un panorama claro respecto a la situación de seguridad, la junta directiva de la asociación de campesinos y pescadores de Guayabo AGROPEGU elaboró un mapa del entorno en el que marcaron con cruces rojas cada uno de los asesinatos del último año.
Nueve asesinatos y dos desapariciones forzadas en un perímetro de 20 kilómetros fue el resultado de este ejercicio. El dibujo, parece un gancho que se cierre lentamente alrededor del pueblo de Guayabo, el último asesinato ocurrió apenas en enero, en la vereda vecina. Un miembro de la junta de Acción Comunal fue encontrado en su casa con dos tiros en la cabeza, el hombre anteriormente había interpuesto varias denuncias frente a robos de ganado y presencia de hombres armados en el pueblo.
Como la mayoría de los asesinatos, este crimen fue adjudicado a la delincuencia común; sin embargo, esta dinámica de violencia ha dejado algunas preguntas para las comunidades como: la relación entre estos asesinatos e intereses políticos, el vínculo entre la amenaza en los alrededores del municipio y los intereses económicos y poderosos que también están influyendo sus procesos territoriales.
El valor de la tierra en la región del Magdalena Medio es alto y lo lucrativo del negocio de la palma lo evidencia, así mismo el hecho de que el valle este situado sobre los yacimientos de la reserva más grandes de petróleo y gas en Colombia, por lo que ha sido declarada zona prioritaria para el desarrollo del controvertido proceso del fracking.
Según la ONG británica Global Witness, Colombia fue el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo en 2019. Innumerables líderes y lideresas ambientales cuentan con esquemas de protección como resultado de amenazas y ataques. De la misma forma, los líderes de las comunidades que acompañan PAS y PWS no han estado a salvo de estas amenazas; así nos lo expresa un líder de la junta directiva de AGROPEGU al decirnos: “Cuando ustedes están, puedo dormir en mi casa donde mi familia”.
El acompañamiento ha dado esperanza y energía a las comunidades del Magdalena Medio para enfrentar sus procesos territoriales y las incertidumbres mencionadas, la crisis constante. Este, fue expresión de solidaridad para una causa común y para que esta causa se logre de manera justa, sin violencia ni repercusiones negativas sobre los derechos humanos de las poblaciones.
Solidaridad, es una palabra que muchos están mencionando en tiempos de Covid-19, aunque su significado ha cambiado, distancia es el nuevo credo de la solidaridad, la distancia ha tomado el lugar del acompañamiento y de la cercanía; para ser solidario y proteger a las comunidades de una infección, el acompañamiento directo ha sido suspendido, pero el sentido de crisis no va a pasar para mucha gente en Colombia con el fin del Coronavirus.
El pueblo colombiano ha mostrado valentía y resistencia en sus más de cincuenta años de conflicto armado y va a seguir necesitando de estas en el futuro. Esperemos que, así como ellas, la solidaridad logre persistir dentro del país y a través de las fronteras.
