Las bases discursivas de la estigmatización en Colombia
Un modelo por desmontar
“Las palabras matan tanto como las balas”
Adama Dieng
Las violaciones a los derechos y libertades fundamentales de líderes sociales y defensores de derechos humanos que enfrenta hoy Colombia - independientemente de la polémica que suscitan las cifras - nos pone de cara a una compleja realidad sociopolítica en la que ciertos discursos contribuyen a crear las condiciones que las hacen posiblesy las perpetúen. Estos van desde el encubriendo o la legitimación de la violencia, hasta el negacionismo histórico. ¿Cómo operan? ¿Cuáles son sus efectos?
El presente artículo contribuye al debate sobre la situación actual de los derechos humanos en Colombia a partir de un análisis preliminar sobre los discursos políticos y la configuración de escenarios de riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos (DDH). Comprender la forma en que se entretejen las prácticas discursivas con las dinámicas sociales e institucionales, ayuda a pensar y emprender acciones que contrarresten sus efectos; coadyuvando de esta manera a la creación de un ambiente favorable a la labor de los DDH.
Para abordar el problema planteado, se propone extender una mirada sobre algunos antecedentes históricos que ayudan a comprender lo que aquí se denomina la lógica del discurso: los modos y las formas en las que se construyen narrativas referidas a la realidad sociopolítica (pero que no están separadas de esta). Esta mirada es apenas panorámica; por tanto, no pretende un juicio exhaustivo sobre la historia.
Identidad nacional
La construcción de Estado Nación en Colombia ha sido acompañada a lo largo de la historia por diversas narrativas que se disputan el lugar de nominación de los valores y principios sobre los cuales se edifica la identidad nacional, las instituciones estatales y se despliegan las relaciones sociales. Por ejemplo, las ideas de “raza europea” y la “moral cristiana”, estuvieron imbricadas en la narrativa de Estado Nación de la Constitución Política de 1886. Estas ideas fueron determinantes en las relaciones sociales y políticas segregacionistas que relegaron a los pueblos indígenas a un lugar de subordinación, que permitieron su sometimiento a la religión cristiana y la minoridad civil, al punto de avalar prácticas de exterminio como el “guahibeo”, que consistía básicamente en salir a cazar indígenas Guahibos (Lemaitre. 2009).
Seguridad Nacional
A finales de la década del 40 del siglo xx, con el surgimiento de la Guerra Fría, se dibujó un mapa geopolítico que trazó la bipolaridad política e ideológica entre el capitalismo y el comunismo. En este mapa, Colombia ocupó un lugar en el bando liderado por los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) en contraposición a la Unión Soviética (URSS), acogiendo las directrices ideológicas, políticas y militares de la Doctrina de Seguridad Nacional que asignó al comunismo soviético (y mundial) el lugar del enemigo, causante de la inestabilidad política de la región (y de todo el hemisferio occidental). Sobre la base de esta doctrina, se declararon estados de excepción y se expidieron normas autoritarias como el Estatuto de Seguridad Nacional (Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978), que desataron la persecución a la oposición política, limitando los derechos humanos y las libertades fundamentales, al punto de aplicar la justicia militar para juzgar a civiles, llevando a juicio manifestaciones políticasque “atentaban contra el orden público”. Aun cuando el Estatuto fue derogado en 1982, su influjo se perpetuó a través, por ejemplo, del uso de las fuerzas militares para cumplir labores de seguridad ciudadana en contextos urbanos, que llevó al gobierno - 20 años después - a realizar una operación como Orión, por la que el Estado colombiano fue condenado internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos[1].
[1]Corte interamericana de derechos humanos. Caso Yarce y otras vs Colombia. Sentencia del 22 de noviembre de 2016. disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf
La paradoja colombiana
Luego de sucesivos estados de excepción (Más de 30 años de Estado de Excepción entre 1949 y 1991[1]) y tras la firma de acuerdos de paz con algunas guerrillas, se logró una reforma constitucional en 1991, con la cual se edificó un nuevo modelo de Estado - el Estado Social de Derecho - que en el plano institucional amplió los escenarios de participación política, las garantías y libertades fundamentales, sobre la base de una narrativa repleta de ideas sobre la equidad, la justicia social, la paz, la diversidad étnica y cultural de la nación. Sin embargo, estas nuevas ideas no se resistieron al influjo autoritario y no se compadecieron con la realidad plagada de masacres, magnicidios, despojo y exterminio de la oposición. De ahí lo paradójico.
[1]García Villegas, Mauricio. (11 de octubre de 2008) Un país de estados de excepción. El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso43317-un-pais-de-estados-de-excepcion
Seguridad democrática y Estado de opinión
Con el fracaso de las negociaciones de paz del Cagüan (1999 - 2002) y tras los atentados del 11 de septiembre en los EE. UU, se abrió paso un discurso antiterrorista de cuño nacional que se expresó en la política de Seguridad Democrática, abanderada por Álvaro Uribe Vélez y respaldada por los partidos tradicionales. Esta política reeditó, de cierta forma, las directrices ideológicas, políticas y militares de la Doctrina de Seguridad Nacional, acusando a las insurgencias de “narcoterroristas”, causantes de todos los problemas económicos, sociales y políticos del país. Según la matriz discursiva de la Seguridad Democrática, en Colombia no existe un conflicto social, político y armado, sino una amenaza terrorista; razón por la cual, no se puede reconocer estatus de beligerancia a la insurgencia y, en consecuencia, no es posible una salida política negociada. Lo único posible, es la victoria militar.
La política de Seguridad Democrática recreó la idea del “enemigo interno” para justificar el incremento del gasto militar y la asignación de la tarea de “salvar la democracia”, a las fuerzas militares y de policía. Este periodo fue marcando claramente un escenario de polarización, en el que se enfrentaban los “amigos” y “enemigos” del terrorismo. Quien no coopera con las fuerzas militares y de policía son amigos del terrorismo; quien se opone a la Seguridad Democrática, son enemigos del Estado. Ésta retórica se asemeja a la de la Guerra Fría, que identificaba el comunismo como la causa de todos los males, al punto de asociar los problemas económicos al “terrorismo”, que, en su lógica binaria, es igual a comunismo y, comunismo es igual a izquierda.
En este orden de ideas, es común encontrar en las alocuciones presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, afirmaciones como estás: “Para que esta economía crezca necesitamos buen manejo de las herramientas macroeconómicas, no equivocarnos en el tema tributario, pero esencialmente requerimos orden público”. Y como estas: “Pido que en la mente de cada soldado de Colombia se establezca un compromiso con el empleo, la eficacia de su acción redundara en bien de la expansión económica y del empleo” (Uribe. 2003). Es decir, la fuerza pública es responsable de la economía.
Dentro de esta lógica simplista, los causantes de los problemas económicos del país, son los terroristas. Su propuesta de política económica fue igualmente simple: La seguridad garantiza la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa permitirá insertar al país en la economía mundial a través de la exportación de recursos naturales. Según la retórica del expresidente, la oposición al extractivismo está asociada a los intereses terroristas:
“Tantas posibilidades, tanto petróleo al otro lado y supuestamente tanto petróleo acá, que no se ha podido explorar debidamente por el terrorismo (...) Sembrar estas sabanas de palma africana, de oleaginosas para producir combustibles oxigenantes que ayuden a limpiar los combustibles fósiles. Tantas posibilidades para producir caucho natural en estas sabanas. Tantas posibilidades para tener en estas sabanas la ganadería de pastura más próspera del mundo” (Uribe. 2005)
En consecuencia, a quienes se opongan al modelo de desarrollo económico se les enfrenta con la fuerza pública, porque “el problema de miseria, el problema de desempleo, el problema de inequidad (...) la acción armada terrorista ha sido un factor que ha aplazado las soluciones a esas dificultades sociales”.
La oposición a las políticas estatales a través de la legítima protesta, también fue acusada permanentemente de estar infiltrada por el terrorismo. El expresidente Uribe, en un Consejo Social Indígena en 2004, dijo a las autoridades indígenas:
“Es muy importante (...) evitar infiltraciones de grupos violentos, ¿por qué? porque ya se conoce. Están incitando y tratando de hacer de esta marcha, de las comunidades indígenas, algo más grande (...) Yo sí le ruego a la Fuerza Pública impedirlo y hacer todo el esfuerzo que hay que hacer, para capturar estos sectores guerrilleros que están cumpliendo esa misión terrorista”.
Durante el periodo de gobierno de la Seguridad Democrática eran muy comunes los discursos enaltecedores de la fuerza pública como héroes de la patria, garantes de la democracia, responsables de “salvar al país” de la amenaza “terrorista”. Estos discursos estuvieron acompañados de presiones e incentivos a las unidades militares a fin de incrementar los resultados operacionales, que eran medidos en términos de número de bajas o muertes en combate (bodycount). Así se configuraron prácticas perversas como las ejecuciones extrajudiciales (llamadas eufemísticamente falsos positivos).
Cuando se descubren las ejecuciones extrajudiciales, el expresidente, Uribe Vélez, intenta encubrir los delitos de los militares y justificar estas muertes, afirmando que las víctimas "No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde", refiriéndose a los jóvenes de Soacha asesinados por militares en 2008 y presentados como bajas en combate. Este tipo de afirmaciones en boca del Presidente de la República son una clara violación del Estado de Derecho y su división de poderes (sin hablar de sus implicaciones éticas) al atribuirse la potestad de definir que es legal y qué no, juzgando públicamente los hechos según su propio criterio, en un claro menosprecio por las víctimas.
La política de la Seguridad Democrática estuvo sustentada en el concepto de Estado de Opinión, presente en los discursos presidenciales, desplazando y reemplazando los conceptos de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, tomando un claro distanciamiento del modelo de Estado definido en la Constitución Política de 1991. El Estado de Opinión rompe con la tradición política liberal que ha buscado establecer restricciones a la arbitrariedad de los funcionarios públicos, asignando funciones determinadas, mediante un marco normativo y una estructura institucional que garantiza (en teoría) un equilibrio de poderes. Con el posicionamiento discursivo del Estado de Opinión se pretendió restar valor a las decisiones judiciales, desplazando la decisión a la opinión pública, orientada desde el ejecutivo, quien, por aquel entonces, contaba con altos índices de popularidad. Durante una ceremonia militar en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, el expresidente Uribe expresó que “Colombia es un Estado de leyes, pero mucho más que eso, es un Estado de Opinión. Aquí las leyes en su contenido no las determina el Presidente, difícilmente el Congreso, las determina la opinión” (Uribe. 2009). La opinión pública estaba sujeta a la propaganda emitida por el propio Presidente en los consejos comunitarios, pues las opiniones críticas y denuncias contra el gobierno, provenientes de periodistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos, inmediatamente eran señaladas de ser “portavoces del terrorismo”.
“Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos”[1].
La defensa de los derechos humanos estuvo asediada y amenazada por la narrativa gubernamental, que calificó de “hipócritas”, “calumniadores”, “cómplices del terrorismo”, a quienes ejercían esta labor. En una ocasión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ordenó a un General de la Fuerza Aérea, pasar por alto los derechos humanos para combatir el terrorismo y, de paso, a quienes los defienden.
“General Lesmez: Asume usted el Comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran Nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla”[2]
[1]Federación Internacional de Derechos Humanos y Organización Mundial Contra la Tortura. Colombia-comunicado: El Presidente asimila a las ONG con los terroristas. (12 de septiembre 2003) Recuperado de:http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2003/09/d16463/
[2]Ibídem
La Paz de Santos
Juan Manuel Santos asumió la presidencia de la república en el año 2010 con un discurso que recogía los postulados de la Seguridad Democrática; sin embargo, rápidamente tomó distancia de este, abriendo las negociaciones de paz con las FARC y el ELN. Este viraje significó un cambio en el discurso, poniendo al centro la idea la salida negociada al conflicto armado y la construcción de la paz, aun cuando mantuvo las acciones militares que llevaron a dar de baja a importantes líderes de las FARC, como el Mono Jojoy y Alfonso Cano.
Los diálogos de paz se dieron sobre la base de un discurso que reconocía la existencia de un conflicto social, político y armado, otorgando estatus de beligerancia a las guerrillas, aun cuando mantuvo el calificativo de narcoterroristas en sus alocuciones. La negociación con las FARC y los diálogos exploratorios con el ELN, generaron un ambiente propicio para poner en discusión asuntos pendientes, tales como la reforma política, el estatuto de la oposición, la reforma agraria. Esta postura generó un distanciamiento de los sectores adeptos al proyecto político de su antecesor, quienes calificaron a Juan Manuel Santos de traidor, generando una nueva polarización, esta vez entre amigos y enemigos de la paz.
En este ambiente de polarización, continuaron los discursos usurpadores del poder judicial, lanzando públicamente juicios sobre las razones de las muertes de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, desestimando hipótesis de investigación asociadas a la labor de las víctimas. En el último año de gobierno de Santos, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó, sin fundamento, que “La inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”.
Además de los asesinatos a líderes sociales, durante el gobierno Santos, se presentaron casos de judicializaciones arbitrarias. En 2017, varias personas de la región del Sur de Bolívar, fueron detenidas luego de ser acusadas de pertenecer a redes de apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas capturas fueron acompañadas de declaraciones en prensa por parte de la policía, quienes aseguraban haber dado un duro golpe al ELN, tras meses de trabajo de inteligencia adelantado por la policía, el ejército y la fiscalía. La Fiscal del caso, María Puente López, argumentó que una de las líderes detenidas era “una persona que está dedicada a la política (…) es una persona que tiene muy buen manejo de sus relaciones como política, desde el punto de vista no sólo locales sino nacionales (…) la Fiscalía siempre ha dicho que está dentro del brazo político del ELN”. Es decir, para la fiscalía el liderazgo social y político de los detenidos eran razones suficientes para probar sus vínculos con la insurgencia[1].
Meses después de la detención masiva, la fiscal María Puente López fue capturada luego de ser vinculada a un proceso penal contra una red de funcionarios judiciales al servicio del crimen organizado[2]. El material probatorio presentado por la fiscalía y recabado por la policía y el ejército no era lo suficientemente sólido para demostrar que los detenidos eran miembros de la guerrilla. El juez que conoció del caso aseguró que “Si tiene la noticia de que una persona está vinculada con una organización subversiva, ese sólo dicho no puede tenerse como inferencia si no hay un mayor respaldo probatorio”[3]. Las detenciones tenían un propósito más mediático que judicial, razón por la cual los líderes fueron liberados. Sin embargo, los señalamientos estigmatizantes, la privación de su libertad, ya habían causado daños en la dimensión personal, familiar y organizativa de las víctimas de tal arbitrariedad.
Este tipo de capturas masivas fueron también una práctica habitual durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez en los que se acudió a las redes de cooperantes e informantes (estrategia cívico militar bandera de su gobierno), para construir pruebas sin fundamento con el fin de judicializar a personas que vivían en territorios donde actuaban los grupos insurgentes. De esta práctica se conoce que en escasos dos años (2002 a 2004) fueron detenidas masivamente y de manera irregular 6.590 personas.[4]
[1]Fiscalía no tiene argumentos para mantener en prisión a líderes sociales del Sur de Bolívar. (29 de marzo de 2017). Contagio Radio. Recuperado de:https://www.contagioradio.com/fiscalia-no-tiene-argumentos-para-mantener-en-prision-a-lideres-sociales-del-sur-de-bolivar-defensa/
[2]Operativo en el sur de Bolívar, más mediático que judicial. (8 de noviembre de 2017). Verdad Abierta. Recuperado de: https://verdadabierta.com/operativo-en-el-sur-de-bolivar-mas-mediatico-que-judicial/
[3]Ibidem
[4]Colombia: Más de seis mil personas detenidas ilegal o arbitrariamente en dos años. (18 de agosto de 2005) Relifweb. Recuperado de: https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-m%C3%A1s-de-seis-mil-personas-detenidas-ilegal-o-arbitrariamente-en-dos-a%C3%B1os
Reedición de la seguridad democrática y el estado de opinión
Iván Duque Márquez, llegó a la presidencia de la República (2018 - 2022) por el partido político Centro Democrático que representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez y en coalición con las fuerzas políticas que se opusieron al Acuerdo Final de Paz. La campaña política de Duque estuvo llena de alusiones al terrorismo, la ideología de género, la amenaza del Castrochavismo (Venezuela), apelando en muchas ocasiones a opiniones sin fundamento sobre los contenidos y alcances del acuerdo de paz. Fue así como se tejió, por ejemplo, la posterior campaña contra la Justicia Especial para la Paz (JEP)[1], columna vertebral del Acuerdo de Paz.
A menos de un año de Gobierno, los asesinatos, atentados y amenazas a líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos, el resurgimiento de los “falsos positivos” y la proliferación de grupos armados, ha ocupado la agenda política y mediática, desatando una gran polémica sobre la responsabilidad política del gobierno. Esta situación ha llamado la atención de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes han solicitado al Estado colombiano acciones efectivas para proteger la vida e integridad de los líderes y defensores de derechos humanos.
Entre las solicitudes y recomendaciones que han hecho los organismos internacionales, se encuentran aquellas referidas a la estigmatización. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita de trabajo a Colombia, realizada entre el 27 y el 30 de noviembre de 2018, recomendó al Gobierno nacional “Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad” (CIDH. 2018), luego de constatar altos niveles de asesinatos, amenazas, estigmatización y actos de criminalización; como, por ejemplo, la estigmatización en medios de comunicación de las protestas estudiantiles, en las que se señala de “vándalos”, “guerrilleros” o “terroristas” a los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación pública (CIDH. 2018).
Por su parte, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, en su visita a Colombia, realizada entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018, expresó en su informe que “Desafortunadamente, he recibido un listado de pronunciamientos estigmatizantes de dirigentes políticos, funcionarios públicos y personas influyentes, que tienden a estigmatizar (...). Etiquetar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como guerrilleros de este o aquel grupo, terroristas, anti-desarrollo o informantes (llamados “sapos”) aumenta gravemente su exposición a riesgos y violaciones”.
Lo señalado por la CIDH y el Relator, refiere a pronunciamientos como los del Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien el 13 de septiembre de 2018, durante el Congreso de Confecamaras, afirmó “(…) con los dineros ilícitos corrompen, y en tercer lugar financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron la (vía) Panamericana, o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas. ¡Pero mafias de verdad, mafias supranacionales[2]!”. O como las del expresidente y ahora Senador Álvaro Uribe, quien expresó en su cuenta de Twitter: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”; refiriéndose a la Minga del Suroccidente colombiano de 2019.
Ante el problema de la estigmatización, el Presidente Iván Duque Márquez, durante la Mesa por la Protección a la Vida, realizada el 13 de junio en Ocaña, Norte de Santander, manifestó que “Ninguna forma de estigmatización puede ser permitida ni tolerada, porque eso lo que termina es destruyendo el capital institucional de nuestro país". El Presidente Duque destacó el problema de la estigmatización, no porque éste ponga en riesgo la vida y la labor de los defensores; sino porque destruye el “capital institucional” que, en términos de económicos, significa la capacidad institucional para desarrollar políticas adecuadas de productividad y competitividad (Lahera. 2004). Es decir, lo que importa, parece ser, el crecimiento económico y no la dignidad humana.
El actual gobierno hace una interpretación arbitraria de los problemas para adecuarlos a sus intereses particulares y no a sus obligaciones constitucionales de defensa y garantía de los derechos humanos. Estas declaraciones son coherentes con el discurso político de la Seguridad Democrática, que adhierea proyectos conservadores como el del “Estado Corporativo” de Laureano Gómez de la década del 50 del siglo XX, que pretendió, en su momento, subordinar el Estado a los intereses de los gremios económicos, que, desde aquel entonces, tienen representantes en los cargos ministeriales: ANDI, SAC, FENALCO y la Iglesia (Figueroa & Tuta. 2005). Esta referencia al proyecto conservador de la década del 50 es coherente con las acciones del actual gobierno que busca revivir la inmunidad parlamentaria prevista en la constitución de 1886, ha propuesto reformas constitucionales para unificar las cortes en una sola, limitar el derecho a la protesta, entre otras, sobre los mismos argumentos que en su momento usó Laureano Gómez para promover la reforma constitucional: la persistencia de la violencia, la amenaza del comunismo (Salamanca y Tuta. 2005).
Cuando aquí se señala que el gobierno interpreta de manera arbitraria los problemas del país, no se hace referencia únicamente a las afectaciones generadas por las diversas formas de estigmatizar, sino a su comprensión misma. Por ejemplo, en el documento oficial denominado Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos (PAO), el gobierno equipara los ataques a la imagen de los DDH que buscan afectar su legitimidad; con la opinión crítica que reciben las instituciones y los funcionarios estatales. Esta equiparación desestima las consecuencias de la estigmatización, pero también la desvirtúa[3].
[1]Colombia2020. Las campañas engañosas del Centro Democrático contra la JEP. (2 de febrero de 2019). Recuperado de:https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/las-campanas-enganosas-del-centro-democratico-contra-la-jep-articulo-857602
[2]El Ministro se ha referido a los grupos residuales o disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo como mafias que lavan dinero de las rentas ilícitasque reciben apoyo de otros países, sin aclarar que países y como operan. Ver: Dineros ilícitos financian la protesta social, asegura MinDefensa (13 de septiembre de 2018). Blu radio. Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/dineros-ilicitos-financian-la-protesta-social-asegura-mindefensa-190451-ie430
(3]El estigma es una señal que marca al portador como diferente a los demás, es un atributo desacreditador basado en prejuicios que se construye con falsas acusaciones o asociaciones constantes de una persona o grupo, con situaciones socialmente consideradas negativas. Automáticamente genera discriminación, exclusión o rechazo de un grupo importante de la sociedad. Para su construcción social suele acudirse a contraponer otra categoría de personas o grupos marcados positivamente. Así, por ejemplo, mientras los Defensores de Derechos Humanos, son “ladrones, aliados de la guerrilla o comunistas”; quienes así los califican públicamente se autodenominan “personas de bien” o “héroes de la patria”.
El orden del Discurso
A lo largo de la historia republicana, los distintos gobiernos han construido narrativas a partir de las cuales pretenden orientar las relaciones sociales y las dinámicas institucionales, apelando a una lógica binaria de “amigos y enemigos”, simplificando los complejos problemas sociales y políticos del país, reduciéndolos a un asunto de orden público que afecta el capital institucional, sin dar mayor crédito a las consecuencias sobre los derechos y libertades fundamentales. Esta lógica ha generado un ambiente de intolerancia y hostilidad contra quienes se atreven a cuestionar el orden impuesto y las políticas gubernamentales.
Estos discursos estigmatizantes, encubridores, negacionistas ocurren de manera previa, paralela o posterior a procesos de judicialización, amenaza directa o asesinato, acudiendo a tácticas que apelan a la legalidad (sistema penal) o a la ilegalidad (paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales). Cuando estos discursos provienen de autoridades públicas con poder de decisión pueden ser percibidos o interpretados por funcionarios públicos, partidarios civiles del gobierno y actores armados como justificadores o legitimadoresde ataques en contra de los DDH, atendiendo a una supuesta cadena de mando, cuando menos ideológica.
Ante este orden discursivo y sus efectos, es necesario considerar las recomendaciones que han hecho de manera reiterada los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que van desde el reconocimiento público, por parte de las autoridades estatales, del aporte fundamental de los DDH a la democracia y la paz, hasta las reformas de política criminal que proteja y no discrimine negativamente el trabajo legítimo de promoción y defensa de derechos y libertades fundamentales. Para ello, debemos acudir, entre otras cosas, a los avances que en materia legislativa se alcanzaron con el Acuerdo de Paz con las FARC, pues allí, se definieron una serie de obligaciones y responsabilidades estatales en materia de no estigmatización que, a pesar de no ser reconocidos e implementados por el Gobierno Nacional, se constituyen en referentes legítimos y legales para la exigibilidad. Por ejemplo, el Decreto ley 895 de 2017 por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que ofrece una serie de garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución al ejercicio de la política[1]; o el Decreto 1581 de 2017 que define los elementos de política pública de prevención de violaciones de los derechos y libertades de personas, grupos y comunidades[2]que se encuentren el riesgo.
Sin embargo, más allá de estas recomendaciones, es necesario avanzar en la construcción de nuevas narrativas que logren desnudar la retórica que encubre el autoritarismo, para generar un ambiente más favorable para un ejercicio de la democracia, en el que los derechos y libertades fundamentales sean un referente para establecer relaciones sociales de respeto, que logren poner límites al ejercicio del poder autoritario.
[1]Mantilla Monsalve, Christian Orlando. [Documento de trabajo] Marco normativo derivado del Acuerdo Final de Paz para la protección de defensores de derechos humanos. (febrero 2019) Pensamiento y Acción Social – PAS. https://www.academia.edu/39240605/_Documento_de_trabajo_Marco_normativo_derivado_del_Acuerdo_Final_de_Paz_para_la_protecci%C3%B3n_de_defensores_de_derechos_humanos
[2]Decreto 1581/2017: Política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades.
Bibliografía
Figueroa Salamanca, Helwar& Tuta Alarcón, Carlos. El Estado Corporativo colombiano: Una propuesta de derechas. 1930-1953. Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural, mun. 32, 2005, pp. 99-148. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
Lahera, Eugenio. Capital institucional y desarrollo productivo: un enfoque de políticas públicas. NU. CEPAL | NU. CEPAL. ILPES. 11 de noviembre de 2004. Serie: Serie Gestión Pública. No. 48. Santiago, Chile.
Lemaitre, Ripoll, Julieta. El derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. (2004) Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
Mantilla Monsalve, Christian Orlando. [Documento de trabajo] Marco normativo derivado del Acuerdo Final de Paz para la protección de defensores de derechos humanos. (febrero 2019) Pensamiento y Acción Social – PAS y Protection International - PI. Bogotá, Colombia.
Mantilla Monsalve, Christian Orlando. Política pública de protección para defensores colectivos de la tierra y el territorio: Límites y posibilidades en el posacuerdo. (16 de mayo de 2019) Pensamiento y Acción Social & Protección International. Bogotá, Colombia.
Montoya Brand, Mario. "Estado social de derecho, "Estado comunitario" y "Estado de opinión": la redefinición del Estado en los discursos del presidente Álvaro Uribe Vélez". En: Colombia Estudios De Derecho ISSN: 0120-1867 ed: Universidad De Antioquia v.LXVII fasc.150 p.253 - 277,2010.
