Caso El Hatillo:
El re-asentamiento como la legalización del despojo y el acaparamiento de las tierras por el modelo extractivista.
Análisis PAS / Lizeth Turriago – Asesora Jurídica Línea De Territorios Y Derechos Humanos
El Hatillo es una comunidad rural, de vocación campesina, ubicada en el departamento del Cesar, que fue obligada en 2010 por el Estado colombiano a realizar la negociación para su reasentamiento involuntario, como consecuencia de la contaminación atmosférica. Después de más de 20 años de explotación de carbón a cielo abierto, el Estado colombiano declaró a esta población en riesgo inminente por las partículas de carbón en el aire. El reasentamiento de esta población debía realizarse en dos años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, sin embargo han pasado ya más de ocho años y a la comunidad aún no la han reasentado, tan solo en diciembre de 2018, se firmó el plan de reasentamiento (PAR), documento que da cuenta de las medidas de compensación a las que tiene derecho la comunidad de El Hatillo, así como las opciones que tienen para la reubicación y la manera en la que se llevará a cabo. En dicho documento se contempla un cronograma de implementación que será utilizado para dar cumplimiento a la orden administrativa, el cual indica que el traslado físico de la comunidad se realizará entre octubre y noviembre de 2023, es decir, 11 años después de la fecha en que debió darse.
La lista de agravios no se detiene ahí.
PAS, como organización acompañante de la comunidad dentro del proceso de reasentamiento, ve con gran preocupación la manera en la que se posterga el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Estado. Vemos que la herramienta de remediación utilizada es superflua e incipiente, ya que no ha contemplado dentro de las medidas para el restablecimiento de la comunidad, que el transcurso del tiempo ha agudizado las afectaciones a la salud como consecuencia de la contaminación en el aire y el agua. Por otro lado, la debilidad de las instituciones a nivel regional y nacional, junto con las políticas públicas implementadas en estos años, han venido permitiendo que empresas transnacionales vulneren los derechos de las comunidades, desplazándolas de los territorios en donde desarrollaron sus planes de vida, bajo la mirada de un Estado ausente y la debilidad de los sistemas jurídicos, que permiten que familias como las de El Hatillo permanezcan en la zozobra y la incertidumbre, deteniendo sus proyectos de mejoramiento de condiciones de vida, sumidos en la expectativa de un reasentamiento que parece no llegar.
Desde el trabajo que como organización de la sociedad civil se realiza, se identifica que pese a la firma del PAR, al interior de la comunidad de El Hatillo persisten los sentimientos de desolación e incertidumbre, lo que es apenas lógico observando que, a la fecha, la comunidad ha sido víctima de incumplimientos a las órdenes que fueron impartidas por el Estado. Pese a más de ocho años de espera, las medidas que propenden por condiciones dignas y el mejoramiento de calidad de vida, mientras se da el traslado, no han sido implementadas, generando desesperación debido al contexto de contaminación en el que están sumidos. Las medidas que generan las empresas como el mercado y bono de alimentación mensual, que son parte del plan de transición al que están obligados, han generado una dependencia de las familias, sin dar soluciones definitivas. Por el contrario, son medidas asistencialistas que implementan las empresas mineras, como parte de su estrategia para generar dependencia del modelo extractivista.
Como si fueran pocas las afectaciones que dieron origen al desplazamiento de esta comunidad, se suman los problemas estructurales que tiene la formulación del documento. Algunas de estas se evidencian en la etapa de implementación del PAR, durante la fase de información y consulta, en la que se le entrega a cada familia las compensaciones correspondientes. Este proceso sigue contemplando núcleos familiares disueltos desde hace más de 4 años como uno solo, sin darles otra alternativa. Además, personas que formaron nuevos hogares están siendo contemplados dentro del que conformaban antiguamente con sus padres, a pesar de notificar antes de la firma del PAR que tenían un núcleo familiar distinto. Por otro lado, niños de padres divorciados que se encontraban viviendo fuera de la comunidad y regresaron con posterioridad al 2014, están siendo dejados por fuera de código censal de su familia, a pesar de venir solicitando al proceso su reconocimiento. Esto ha obligado a que las familias sean las encargadas de remediar estos errores, colocándolos ante un proceso que no está ajustado ni a la realidad social ni a las necesidades, lo que pone en riesgo el restablecimiento de los medios y calidad de vida, generando así una revictimización. Esta situación se desprende del incumplimiento de la obligación de las empresas de contemplar, hasta la fecha del reasentamiento, estas variables económicas, sociales y culturales. Dejando como conclusión que existe un desconocimiento de los cambios sociales que ha tenido la comunidad en el transcurso de los últimos cinco años, por lo que las compensaciones entregadas a las familias no dan cuenta de las alteraciones sociales y familiares, como la separación o divorcio, la constitución de nuevos hogares y la ampliación de los mismos.
Cabe anotar, que lo dicho anteriormente se ha venido denunciando en los diferentes espacios por parte de PAS, por lo que se hace un llamado de atención especial a volcar la mirada, con la finalidad de evitar generar acciones con daño a las familias, considerando que los grupos que están en peligro son los más vulnerables, como los niños, las niñas, las madres cabeza de hogar, discapacitados y adultos mayores, por lo que se debe propiciar un entorno, en el que se generen los cambios necesarios dentro de sus procesos, para no desconocer que el reasentamiento se desarrolla en un contexto cíclico, que debe contemplar los cambios sociológicos de toda la población hasta tanto se culmine su totalidad.
Es claro que se hace necesario un cambio de políticas públicas, para que se haga efectiva la protección de los derechos fundamentales en contextos de conflictos minero-ambientales. Esto sustentando en que el modelo de desarrollo corporativo que está siendo implantado, lo único que genera son beneficios a empresas trasnacionales, poniendo en un desnivel a las comunidades, quienes se ven afectadas por la falta de garantías dentro de los procesos de negociación, dejándolos a merced de reasentamientos como otro modo de despojo y acaparamiento de la tierra, legalizando el desplazamiento forzado de comunidades, que no logran reparación, restitución, ni garantías de no repetición.
