¡Es Tiempo Ya!

Fue lanzada la investigación Es Tiempo Ya: Políticas Públicas Eficaces para el Derecho a Defender los Derechos Humanos. Este trabajo es resultado de una investigación conjunta hecha por Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  A pesar de la importancia que tienen para las sociedades las personas que realizan labores de defensa de derechos humanos, pocas son las medidas eficaces que se toman para garantizarles entornos seguros en los cuales puedan ejercer esta labor.  Este informe plantea un análisis crítico y propositivo de la situación en 4 países de Latino américa: Colombia, Guatemala, Brasil y México.

El evento se realizó en la Universidad de Los Andes

Representantes de PI, CEJIL y organizaciones sociales expusieron sus puntos de vista.

Al final se abrió espacio para discutir con el público

El evento de lanzamiento comenzó con un ejercicio de memoria que en gran parte simboliza la problemática que se está viviendo en América Latina.  Sobre la pared del auditorio que reunió a estudiantes, profesionales, víctimas y líderes sociales entorno al lanzamiento, se proyectaba la imagen de Temístocles Machado, un defensor de derechos humanos de Buenaventura que el sábado 27 de enero sería asesinado por dos hombres armados de los que hoy poco se sabe.

    

Como él, ya son más de 173 líderes que han sido asesinados en Latinoamérica desde el 2017 según el informe de Front Line Defenders.  De igual manera, son pocos los perpetradores que han sido identificados y menos los que han sido judicializados. 

Ante esta realidad, la investigación Es Tiempo Ya plantea un cuestionamiento sobre el significado tradicional de la protección, la seguridad y el ejercicio de defensa de derechos humanos.  Para muchos Estados, brindar un carro, un chaleco antibalas o un celular es sinónimo de protección para defensores.  Sin embargo, este planteamiento desconoce la complejidad del contexto que rodea las muertes de los defensores de derechos humanos y además, se hace completamente inviable e insostenible ante el elevado número de personas y comunidades que hoy están en situación de riesgo y necesitan programas integrales de protección.

Es por esto que es necesario ir más allá.  Hay que entender la protección como algo más que unos elementos físicos que se les brindan a las personas para huir o sobrevivir ante un atentado.   Este enfoque de protección desconoce los ideales y las luchas que hay detrás de los defensores que al final son las que ponen en peligro su vida.  El enfoque que propone esta investigación es entender que más allá de los individuos que están en riesgo, lo que se está amenazando es el derecho como tal.  Es por eso que la protección no debe centrarse en lo individual, sino en generar entornos en los que cualquier persona que ejerza una defensa de derechos pueda hacerlo tranquilamente. 

Uno de los grandes impedimentos para que esto sea una realidad es la falta de actuación e integración de las medidas gubernamentales en la región y en los territorios.  PI y CEJIL, argumentan que en ninguno de los países existe política pública sobre este tema.  En el mejor de los casos existen programas y medidas que sin embargo son diseñadas desde el centro del país, sus capitales, y a la hora de ser aplicados en las zonas rurales y en la región, se encuentran con ambientes completamente distintos en los cuales las medidas son inviables o hace falta voluntad política para aplicarlas. 

 “La protección no es ni para mañana, ni para pasado mañana, no es para después, es para ya” manifestó Jorge Santos, quien desde Guatemala vino al lanzamiento del Informe aportando la experiencia de un país que también ha sufrido enormemente la violencia contra defensores.  Desde 1996, cuando se firma en Guatemala el acuerdo de paz, quedó por escrito la necesidad de proteger a los líderes sociales y desmantelar los grupos armados ilegales.  Un proceso del cual Colombia tiene mucho que aprender.

La labor de defensa de derechos humanos ha sido estigmatizada al punto que se ha convertido casi un crimen realizarla en muchos países.  Lo que debía ser un símbolo de desarrollo social y empoderamiento, se ha convertido - en gran parte - en sinónimo de rechazo,  muerte y aislamiento.  Ante esto, como lo dijo, Andrés Gonzalez, Embajador de Colombia ante la OEA, es importante entender que “un defensor de derechos humanos no es el que tiene un diploma que lo certifique, es cualquiera que defiende sus derechos.“

El reto para los Estados entonces es transformar esa retórica que muchas veces manejan de manera simbólica en acciones tangibles que mejoren las condiciones de protección de las personas y las comunidades para que puedan defender sus derechos sin que esto signifique tener que perder la dignidad, la tranquilidad ni la vida.  La investigación propone un análisis para construir política publicas encaminadas a este objetivo.

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