Lanzamiento de Investigación:

¿Qué se ha logrado con la implementación de los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos en Colombia?

Para algunos habitantes de la vereda de El Hatillo, en el Cesar, es difícil comprender como sus enormes sabanas, llenas de una inmensa diversidad natural, fueran transformadas en gigantescas montañas de estéril que hoy distinguen el paisaje de sus tierras.  Con mirada profunda y agotada, Don Jairo Cifuentes, uno de los pocos ancianos que continúa con vida en la comunidad, contempla un entorno que hoy se la hace tan irreconocible como incomprensible.   Jairo aún recuerda “lo bueno que se vivía en ese entonces”, cuando todavía no habían llegado las empresas y “se podía coger monte libremente, sin que te echaran de tu propia tierra.” [1]

Tras más de cuarenta años del incesante retumbar de las gigantescas palas y camiones extractores de carbón, tanto el entorno como la forma de vida de las comunidades negras y campesinas del Cesar y la Guajira, se han visto fuertemente agredidas y forzadas al desarraigo.

 

Los municipios mineros de estos dos departamentos enfrentan un escenario de múltiples vulneraciones sobre los Derechos Humanos (DH) que ha perpetrado una  preocupante crisis social.   La responsabilidad de la industria minera, los cultivos de palma aceitera, la ganadería extensiva y la producción de coca es evidente. La disputa por el acceso y uso de los recursos naturales, principalmente el agua y los suelos, así como el acelerado deterioro del entorno, constituyen hoy en día los principales detonantes de conflictos ambientales protagonizados por actores empresariales.

 

Esto ocurre en un contexto global caracterizado por el poder de grandes corporaciones transnacionales que controlan gran parte de la cadena de valor de la producción energética y alimentaria de todo el mundo. Esta dinámica perpetua un modelo de producción basado en el saqueo de las materias primas de los países de industrialización tardía en mano de capitales transnacionales. La operación de estas empresas se ha caracterizado por generar, en complicidad con gobiernos locales y nacionales, numerosas alteraciones a los medios de vida, desplazamientos y despojo de las comunidades locales; hechos que han generado nuevos conflictos sociales así como la agudización de otros ya existentes.

Este reprochable comportamiento se ha visto acompañado de la implementación de un juicioso diseño corporativo y bancario a nivel mundial, basado en paraísos fiscales y el ocultamiento de grupos empresariales.  Estas estrategias impiden conocer la verdadera envergadura de la estructura empresarial, trazar el flujo de capital y dificulta la implementación de acciones legales que atribuyan responsabilidades y generen acciones de remedio. Lejos de ofrecer una operación transparente y fundada en la debida diligencia, la forma de actuar de las transnacionales busca ocultar y eludir responsabilidades legales y fiscales, reduciendo al máximo el aporte sobre la economía nacional y el buen vivir de las comunidades locales. 

 

Este difícil contexto empresarial genera la necesidad de brindar mayor atención a los impactos de corporaciones transnacionales, a lo largo de la cadena de valor de sus operaciones globales, así como de generar acuerdos frente a los estándares que las empresas deberían cumplir en materia de DH.

 

De esta forma en 2011 la ONU, por medio del Consejo de Derechos Humanos ratifica la adopción de los Principios Rectores (PR) para Empresas y Derechos Humanos a través de la resolución 17/4[2] como normativa global de carácter no vinculante y estructurados en tres pilares: El deber de los estados de proteger, la obligación de las empresas de respetar y el acceso a remedio en caso de victimización[3]. Esto se convierte en el marco rector para la defensa de los Derechos Humanos en contextos empresariales, .

 

En Colombia, el gobierno nacional formalizó la implementación de los PR en diciembre del 2015 con la puesta en práctica del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas (PNA). De esta forma se convirtió en el primer país latinoamericano en adherirse a este mecanismo internacional[4]. Adicionalmente en mayo del 2017 se publicó el Informe de Avances en la Implementación, en el que se informa del 59% de avance en la implementación de las líneas de acción del Plan[5].

Después de tres años de implementación de los PR y adportas del cierre de la implementación del PNA, la realidad social y ambiental de las comunidades afectadas por las empresas mineras de carbón en el Caribe colombiano, continúa siendo igual de preocupante en términos de vulneraciones a los DH. Una huella social y ambiental irreparable constituye el principal aporte de la minera transnacional a estas comunidades, que a la fecha continúan esperando la promesa de “progreso” que trajo consigo la minería.

 

La persistencia de afectaciones a los Derechos Humanos y conflictos que la actividad empresarial genera en el ambiente y en las comunidades, evidencia que la implementación de los PR no se ha manifestado en la realidad práctica de las comunidades afectadas por la minera de carbón a gran escala de manera efectiva. Situación que toma lugar en un contexto de implementación de acuerdos de paz, en el que no hay claridad sobre el rol del sector empresarial en la construcción de paz.

 

Esta realidad obliga a preguntarnos sobre la pertinencia de la implementación de los PR como mecanismo de protección de los DH frente a contextos de empresas transnacionales.¿Cuáles han sido los logros que se han obtenido a raíz de su adopción o aquellos obstáculos que se han encontrado a lo largo de esta tarea? ¿Cuál es elverdadero alcance de un mecanismo no vinculante de este tipo?

 

Es así como Pensamiento y Acción Social,en articulación con organizaciones aliadas de Argentina (BePe), Perú (Cooperación) y Brasil (Justiça nos Trilhos), y con el apoyo de la Unión Europea, realizan una investigación enfocada en analizar el proceso de implementación de los PR en 4 contextos de explotación minera a gran escala en cada uno de estos países. El proceso se enfoca en la identificación de resultados, avances, obstáculos, mecanismos, políticas, logros, dificultades, propuestas e iniciativas desde la sociedad civil relacionadas con la protección de los DH en el marco de la implementación de los PR. Haciendo énfasis en el análisis y la compresión de las afectaciones que surgen por parte de la explotación minera a gran escala en el cuerpo y la vida de las mujeres, niños, niñas y jóvenes.

 

Además de contribuir a la compresión de los fenómenos de vulneración de Derechos Humanos generados en contextos empresariales. El proceso investigativo contempla la participación real y activa de las comunidades seleccionadas, El Hatillo, Tamaquito, Roche, Tabaco y Fuerza de Mujeres Wayuu. Por medio del desarrollo de una escuela de investigación y fortalecimiento político. Este proceso formativo propone instalar las capacidades para que sus participantes desarrollen las competencias necesarias para participar durante la recolección de información, la toma de decisiones, el análisis la información y el emprendimiento de acciones de cambio.

 

La investigación, más allá de un informe, quiere ser una iniciativa que aporte al respeto y garantía de los derechos colectivos de las comunidades afectadas por la minería extractiva transnacional y que se enfrentan, en evidente desventaja, al poder corporativo de los grandes capitales transnacionales. En tal sentido, esperamos también que la investigación sea un insumo para los debates e iniciativas en torno al desmantelamiento del poder corporativo y la necesidad de un tratado internacional vinculante a fin de que las empresas estén obligadas a respetar los derechos humanos.

 

Para mayor información del proyecto favor no dude en contactarnos: investigación@pas.org.co, investigacion1@pas.org.co.

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