Transcurridos los primeros 25 días del mes de enero de 2019, se registra el asesinato de 11 defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Ante el agravamiento continuo de lo que ya parece un “exterminio social”, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, once organizaciones no gubernamentales investigaron los patrones detrás de los ataques contra el derecho a la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.

 

El estudio evidencia que los ataques tienen una naturaleza repetitiva, invariable y continua y que son perpetrados de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El asesinato no es accidental ni fortuito, sino selectivo y discriminado, con una clara tendencia al incremento y a la expansión territorial dada la próxima coyuntura electoral de alcaldes y gobernadores en octubre de este mismo año.

 

Sobre un universo total de 100 casos, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se firma el Acuerdo de Paz) y el 31 de julio de 2018, estudiaron los siguientes cuatro elementos centrales:

 

La localización geográfica: los casos estudiados comprometen un total de 26 de los 32 departamentos del país. Encabeza el departamento del Cauca (17,12%) y le siguen Antioquia (15,56%), Norte de Santander (7,39%), Valle del Cauca (7%), Córdoba, Putumayo, Nariño y Chocó. En estos ocho departamentos se concentra el 70,42 % de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en el país. Los otros departamentos afectados son: Caquetá, Risaralda, Meta, Sucre, Guaviare, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Bolívar, Huila, La Guajira, Santander, Tolima, Casanare, Boyacá, Quindío y Magdalena.

 

El modo en que se llevan a cabo los ataques: en un 82,5% usaron armas de fuego- principalmente pistola y revólver-, el 41,24% de los asesinatos y el 44% de los atentados se produjeron en los lugares de vivienda de las víctimas, en su mayoría fueron cometidos con la intervención de más de un individuo que hace parte de una organización criminal estructurada, con dominio territorial y, los crímenes fueron planeados e incluyeron seguimientos previos a la víctima. La mayoría de las víctimas están siendo asesinadas sin advertencias o amenazas previas, o bien las amenazas no son denunciadas, solo el 10,5% del total de las víctimas, fueron previamente amenazadas. Los victimarios se ensañaron con los cuerpos de las mujeres, al menos en un 18,4% de crímenes se deformaron los cuerpos, unas veces con violencia sexual.

 

Sobre sus perpetradores: casi la mitad permanecen sin identificar (45,91%), le siguen los grupos paramilitares (17,12%), los grupos armados sin identificación (13,62%); los grupos desertores y disidentes de las FARC (7,39%), las fuerzas armadas estatales -Ejército Nacional (4,28%) y Policía Nacional (1,17%)-, los grupos armados insurgentes activos como el ELN (3,11%) y EPL (0,78%) y, cierran esta diversidad los grupos de seguridad privada (1,56%).

 

Las víctimas: casi siempre se encuentran en condición de vulnerabilidad socioeconómica y están ubicadas en posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder regionales. Pertenecen a grupos étnicos discriminados, de extracción campesina, y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado o de otras acciones del conflicto armado. En su mayoría, han sido del género masculino (83,65%), seguidos del femenino (14,18%) y población LGBT (1,55%). La organización social de carácter nacional que ha sufrido mayor número de asesinato de sus líderes y dirigentes ha sido Marcha Patriótica.

 

Los contextos que favorecen los ataques: la estigmatización se ve reflejada, por ejemplo, en las declaraciones de los ministros de Defensa, quienes han dicho, respecto de los crímenes contra estas víctimas, que se debían a “líos de faldas”, a “problemas de drogas” o a “disputas de linderos”, cuando afirman que “la protesta social es financiada por el narcotráfico” o algunas autoridades locales intentan vincular a las víctimas con grupos criminales y cuando estos mensajes son repetidos por los medios de comunicación sin ser previamente contrastados.

 

La incorrecta o ineficaz implementación del Acuerdo de paz por parte del Estado que puede potenciar el crecimiento de grupos armados ilegales, pues su implementación cabal supone transformaciones sociales que ponen en riesgo el rol y la posición hegemónica de ciertos grupos de poder que transitan entre la legalidad y la ilegalidad y, en su desespero, acuden a las estructuras armadas para neutralizar los intentos de transformación social. En este sentido, el Plebiscito Nacional por la paz, evidenció una correlación alta entre los municipios que votaron por el Sí y los municipios críticos en materia de violaciones al derecho a la vida, con excepción de Medellín y Cúcuta.

 

Sin que se pueda afirmar que hoy existe una política de Estado, no hay que olvidar que unos sectores del Estado colombiano han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo la principal victimaria de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, y que pretenden neutralizar los intentos de transformación social.