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Las Pavas, un ejemplo de dignidad campesina que sigue avanzando

Betty Pedraza / Noviembre 2020

123 familias campesinas organizadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires –ASOCAB-, asentadas en el municipio del Peñón, sur de Bolívar, tuvieron que esperar casi 15 años para ejercer sus derechos sobre el predio de Las Pavas. Un predio de 2.742 hectáreas, que esta comunidad ocupó pacíficamente desde 1993, luego de que fuera abandonado por su propietario y sobre el cual, en 2003, solicitó la extinción de dominio, siguiendo las normas legales vigentes en el país.

Foto PAVAS.png

Reconocida como una comunidad pacífica con el Premio Nacional de Paz en 2013, ha sido blanco de ataques de la empresa de aceite “Aportes San Isidro SAS”, que empezó destruyendo cuerpos de agua, bosques, caminos, flora y fauna que hacen parte de la Isla de Papayal, hábitat natural de esta comunidad.   Además de romper su modelo de producción campesina, empobrecerlos y someterlos a múltiples crisis alimentarias, utilizó trabajadoras sociales para crear profundas fracturas en su comunidad hasta crear una organización paralela: el sindicado “Nuevo Liderazgo” que luego utilizó para invadir el predio ocupado por los campesinos para extender su cultivo de palma. También conformó un grupo de seguridad privada que quemó sus ranchos, destruyó sus cercas, envenenó animales y cultivos e incluso agredió físicamente a algunos de sus miembros y disparó contra la comunidad.

 

Bajo la tesis de una pretendida neutralidad la policía local y regional y, el Ejército Nacional, por años les privó de protección ante las agresiones de su oponente, por el contrario, los señaló como” ladrones de tierras” o “guerrilleros”; mientras la administración municipal una y otra vez violó sus derechos al debido proceso.

Sin que a la fecha haya logrado obtener la adjudicación del predio, pues el litigio jurídico continua, ha obtenido importantes triunfos que con cada paso le han dado la razón sobre los derechos reclamados.  Entre ellos resaltan dos sentencias de la Corte Constitucional –T-267/11 y SU 655/17, que le reconocieron el derecho a que se realizara el proceso de extinción de dominio solicitado por la comunidad y otra que ordenó su protección; una medida Cautelar del Consejo de Estado en 2016, ratificada en 2017, mediante la cual prohíbe “realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S. y la Asocab” y, que a pesar del continuo incumplimiento por parte de la empresa, está vigente y cuenta con una alta instancia de seguimiento, junto a dos Resoluciones -2284 de 2012 y 0166 de 2013- emitidas por el Incoder decretando la extinción de dominio, luego de reconocer más de 1.300 hectáreas del predio, como baldíos de la nación que la empresa Aportes San Isidro había allegado de manera irregular y sobre las que reclamaba propiedad.

Con los triunfos jurídicos y con su estrategia de protección que, basada en su actitud pacifista, incluyó una red de apoyo regional, nacional e internacional, la construcción de una imagen propia basada en su identidad campesina, la documentación y difusión de su lucha a través de historias, testimonios, canciones y películas documentales que le dieron la vuelta a Europa y Estados Unidos; Asocab, logró voltear la tortilla. Las autoridades locales, la policía y el Ejército, reconocieron la justeza de su lucha y desde 2011 tímidamente emprendieron acciones para protegerlos y apoyarlos hasta ordenar en 2017 un desalojo contra parte del cultivo de la palma de la empresa, que, aunque no se pudo hacer efectivo porque la palma ya estaba arraigada, marcó la llegada de una nueva página en su historia: Dejaron de ser “cambucheros” y “ladrones de tierra” para ser defensores de derechos humanos que hoy representan en la región y en el país a las víctimas del conflicto armado.

El reconocimiento de su calidad de víctimas de desplazamiento forzado, hecho por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas en 2013, abrió las puertas para que en 2016 el Comité Municipal de Justicia Transicional del Peñón aprobara un Plan de Retorno que se estancó a la espera de que el estado brindara condiciones de seguridad para la comunidad; pero, cuatro años después de que la Unidad de Víctimas iniciara la caracterización de esta comunidad, en agosto de 2020 aprobó el Plan de Reparación Colectiva que por fin empezó a ser realidad en octubre de este mismo año.

Hoy 77 de estas familias recuperaron su trabajo campesino y 31 de ellas ya residen directamente en el predio. Con su trabajo colectivo emprendieron la tarea de cultivar 25 hectáreas de arroz, maíz y plátano; reconstruyeron tres estanques piscícolas y por primera vez se preparan para emprender la comercialización de sus excedentes construyendo una vía carreteable y recibiendo un camión para trasportarlos hacia las comunidades cercanas.

Con este nuevo logro las familias campesinas de Las Pavas ven retribuida la persistencia de su lucha pacífica por la tierra y mientras continúan en la espera de que algún día lleguen los títulos de propiedad, amplían el territorio sobre el cual ejercen acciones de dueños(as) y señores(as), restablecen su derecho al trabajo y su derecho a conservar su identidad campesina, recuperan su seguridad alimentaria y con su trabajo colectivo retejen de nuevo los lazos de su organización.