Comunidades rurales, campesinas e indígenas víctimas de la violencia armada y los proyectos de desarrollo en el departamento de Córdoba, han esperado durante décadas la debida diligencia de las autoridades estatales para que adopten decisiones efectivas que les permita acceder a la propiedad de la tierra, ejercer sus derechos territoriales y gozar de un ambiente sano para vivir en paz y permanecer en su territorio con dignidad. Hoy reclaman acciones definitivas que salden las deuda histórica que el Estado Colombiano tiene con ellos, para quien la tierra y el territorio son la base fundamental de la pervivencia física y cultural.
El 24 de noviembre de 2021, se conmemoran 5 años de la firma de último Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, que suscitó esperanza en la población rural que esperaba gozar de su derecho a acceder a la tierra. Sin embargo, en territorios como Córdoba, afectados históricamente por la violencia y el despojo, la implementación de este Acuerdo de paz ha sido ineficaz y la transformación estructural de condiciones de vida de las comunidades rurales, sigue siendo una promesa incumplida.
La comunidades y organizaciones campesinas e indígenas que convergen en el Grupo por la Defensa de las Tierra y el Territorio de Córdoba (GTTC) que agrupan 22.151 familias aproximadamente, han sido testigos de dos acuerdos de paz con las guerrillas del EPL y FARC y un proceso de desmovilización con las AUC. Cada uno de estos procesos comprometió al Estado Colombiano con leyes, políticas, programas y proyectos dirigidos al restablecimiento y garantía de los derechos de la población rural. Sin embargo, como lo manifiestan las propias comunidades “se han quedado únicamente en papeles firmados para la opinión pública”, mientras persiste la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, continúa el despojo, el reclutamiento de niños y jóvenes, entre otras dinámicas del conflicto armado asociadas a la tierra y el control territorial.
El GTTC desde su nacimiento en 2010, al amparo de la Resolución Defensorial 058/2010, ha emprendido acciones de incidencia, interlocución y negociación con instituciones estatales, apoyados en los contenidos de la Resolución y los desarrollos normativos que han emergido en el transcurso de 10 años, tales como, la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 que priorizó a Córdoba para el inicio del proceso de restitución de tierras; y todo el marco jurídico para la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 en lo referido a la Reforma Rural Integral.
Por el contrario, persiste la violencia y la vulneración del derecho a un recurso efectivo y un plazo razonable para adelantar y culminar todos los procedimientos administrativos dirigidos a formalizar las tierras, los territorios, proteger el medio ambiente y ofrecer garantías de seguridad para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos, dejando en evidencia la falta de acción institucional.
Por estas razones, la comunidades campesinas e indígenas integrantes del GTTC han decidido emprender una Acción Popular con la pretensión de que un Juez de la República se pronuncie sobre la garantía al derecho colectivo, a la moralidad administrativa y el medio ambiente sano, buscando la debida diligencia y acción efectiva del Estado.
A fin de dar a conocer los argumentos y pretensiones de la Acción Popular, el GTTC está realizando entre el 24 y el 26 de noviembre del presente año, una gira de incidencia a la ciudad de Bogotá, que busca el respaldo y la solidaridad de diversos sectores sociales con miras a saldar la deuda histórica con las comunidades campesinas e indígenas para quien la tierra y el territorio son la base fundamental de la pervivencia física y cultural.
https://www.gttcordoba.org/
