Como resultado de una acción popular promovida colectivamente por Pensamiento y Acción Social en conjunto con organizaciones ambientales y personas de la sociedad civil, el Consejo de Estado exhorta al gobierno realizar un profundo reordenamiento minero al encontrarlo en contravía de la protección al medio ambiente en Colombia.
En el año 2013, Pensamiento y Acción Social – PAS presentó, junto a 8 organizaciones y 30 personas de las sociedad civil una acción popular que buscaba una revisión de los procedimientos y las licencias mineras otorgadas en diferentes áreas del país, dado que el ordenamiento minero actual no se encontraba ajustado con la debida protección del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De esta forma, está acción popular, se presentó al identificar graves “problemas de desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental; déficit de información y de ordenamiento minero-ambiental del territorio colombiano; debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos y desconocimiento del derecho a la consulta previa”
Después de una larga batalla en el ámbito legal, el día 2 de septiembre el Consejo de Estado reconoció que el ordenamiento minero debía revisarse a profundidad y acoger los valores ambientales establecidos en la constitución. En consecuencia, se determinó entre otras decisiones, que existen áreas que deberían estar catalogadas como zonas de exclusión minera, pero que debido a un déficit en el ordenamiento minero no se han identificado como tal. Así, instó al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería, a verificar todos los títulos otorgados a nivel nacional y adoptar las diferentes medidas para proteger el medio ambiente.
Además, estas entidades deben elaborar un documento en el que se establezcan las zonas en las que está prohibida o restringida la minería, esta delimitación debe incluir reservas forestales, cuencas hidro hidrográficas, reservas forestales, humedales, páramos, nacimientos de agua, entre otros.
La protección de los derechos al medio ambiente sano, la conservación de las especies animales y vegetales y la defensa del patrimonio público son algunos de los valores y derechos que se protegen bajo esta decisión del Consejo de Estado. PAS como parte del Comité de Verificación de la Sentencia, creado con el fallo, participará activamente para la aplicación y efectividad de este importante hito jurídico y ambiental.
