Carta de cuatro organizaciones internacionales para el señor presidente de la república, Juan Manuel Santos

Berna, 21 de febrero de 2015

 

 

 

Señor Presidente

Juan Manuel Santos

Carrera 8 No.7-26

Bogotá –Colombia

 

 

 

Ref: Preocupación por seguridad de líderes sociales y defensores de DDHH en Cesar

 

 

Estimado Señor Presidente,

 

Con esta carta queremos manifestar nuestra profunda preocupación por hechos recientes de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Cesar. El más reciente hecho ocurrió el 9 de febrero en la ciudad de Valledupar. Cuatro sicarios en dos motos intentaron atentar contra la vida de Alfonso Barón Sánchez, cuando este líder sindical estaba llegando a su domicilio en el barrio La Popa de Valledupar. Afortunadamente, Alfonso Barón logró esquivar a sus victimarios gracias a la presencia de sus vecinos. Alfonso Barón es miembro del sindicato Sinaltrainal e integrante del Congreso de los Pueblos.

 

Este intento de asesinato es el último en una larga secuencia de amenazas, persecuciones, intimidaciones y atentados violentos. Alfonso Barón el mismo día 9 de febrero asistió a la segunda sesión de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios en la vereda El Hatillo del Corregimiento de La Loma en el Departamento del Cesar, en la que participan funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que hacen presencia en la región. Alfonso Barón intervino activamente en la Mesa, advirtiendo situaciones de riesgo en desarrollo de su actividad sindical y social.

 

Cabe resaltar que en las dos ocasiones en las que se ha reunido la Mesa, se han presentado situaciones similares. El 13 de enero de 2017, hacia las 5:00 p.m, culminada la primera sesión, uno de los participantes, el señor Orlando Salcedo Restrepo, también miembro del Congreso de los Pueblos, recibió una llamada telefónica amenazante en la que le advirtieron “guerrilero hijueputa qué hacías hoy en la reunión en la OEA… cuántos guerrilleros habían en esa reunión [sic]”. En la primera sesión de la Mesa, cobró importancia la situación de la comunidad de El Hatillo, comunidad campesina en proceso de reasentamiento involuntario de parte de las empresas mineras Glencore-Prodeco, Drummond y CNR. Los líderes de El Hatillo, activos en el Comité de Concertación o en la Junta de Acción Comunal, enfrentan amenazas contra su vida desde el año 2014, amenazas que culminaron en el asesinato del líder Aldemar Parra el 7 de enero de 2017. Por esta razón, la segunda sesión de la Mesa se realizó en El Hatillo.

 

El Hatillo es uno de los casos resaltados por la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo No 040-16 A.I. del 28 de noviembre de 2016. En este Informe, la Defensoría pone de manifiesto el gran riesgo que enfrentan líderes y lideresas del movimientos de izquierda como el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica, defensores del territorio y del medio ambiente (caso de reclamantes de tierra, procesos de Zonas de Reserva Campesina) y personas y organizaciones que se oponen al modelo extractivista. La Defensoría advierte también sobre el aumento de la presencia y actividad de grupos armados ilegales, como Los Paisas y el Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas, calificados por movimientos sociales como grupos paramilitares.

 

Nos preocupa sobremanera que estos grupos paramilitares atenten contra las expresiones de la sociedad civil a favor de la paz con justicia social y a favor de alternativas sociales y económicas. El Cesar ha visto en los últimos años el resurgir del movimiento popular y campesino, defendiendo el territorio y el ambiente por ejemplo en la Serranía del Perijá y reclamando la restitución de tierras usurpados por el paramilitarismos en los años 1990 y 2000. Preocupa que después de un periodo de relativa calma, grupos paramilitares nuevamente traten de acallar al movimiento social y defendiendo los beneficios de terratenientes y grandes empresas. También estamos preocupados por informaciones sobre la falta de actuación de la Fiscalía a nivel local y de sectores de la Fuerza Pública. Hemos sido informados que en repetidos casos Fiscales se han negado a recibir las denuncias de víctimas de amenazas y que la Policía no ha actuado con la diligencia requerida.

 

Por lo anteriormente manifestado, respetuosamente le pedimos a usted como Jefe de Estado y a las entidades responsables:

 

  • A la Unidad Nacional Protección (UNP), realizar los correspondientes estudios de riesgo a los representantes y líderes de las organizaciones amenazadas y tramitar de forma efectiva las solicitudes de protección e implementar medidas individuales y colectivas de protección para los mismos;

  • A la Fiscalía General de la Nación, investigar de forma rápida y exhaustiva los recientes hechos de violencia y amenazas con el fin de llevar a los responsables ante la justicia;

  • Al Ministerio de Defensa y al Departamento de Policía del Cesar, mantener y reforzar los operativos para neutralizar y contrarrestar el actuar de los grupos armados ilegales;

  • A la Gobernación del Cesar y al Ministerio del Interior, reactivar y dinamizar los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos, como el Comité Departamental de Derechos Humanos o la Mesa Departamental de Garantías.

 

Le agradecemos de antemano la atención prestada a estas solicitudes.

 

Cordialmente,

 

Stephan Suhner, Grupo de Trabajo Suiza Colombia

Corinne Schärer, Sindicato UNIA

Marianne Aeberhard, Multiwatch

Yvonne Zimmermann, Solifonds

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