Con pasos firmes avanzan los defensores del derecho al agua en Colombia

Entre el 15 y el 18 de noviembre pasados, 264 grupos, asociaciones, redes y federaciones de acueductos comunitarios de Antioquia, Boyacá, Santander, Meta, Guaviare, Casanare, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Guajira, Magdalena y Bogotá, que desde 2006 se han articulado en esta red,se dieron cita en el VII Encuentro de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, en el municipio de Iza, Boyacá.

Esta Red ha trabajado durante 13 años impulsando dos derechos:el Derecho humano al agua, como derecho individual que obliga a los estados nacionales a garantizarel acceso y suministro al agua potable; en principio, reconocido solo como un derecho conexo al derecho a la salud, especialmente de las mujeres y los niños, pero desde 2010 con estatus de derecho autónomo y, el derecho colectivo al agua, que se ha derivado de la jurisprudencia producida por la Corte Constitucional colombiana, que, respondiendo a diversas acciones populares, definió que no se puede negar el acceso al agua para las comunidades, reconoció el derecho a garantizar el cuidado de las fuentes hídricas y estableció el deber del Estado de garantizar recursos económicos para ello. En este marco, cuidar las fuentes de agua y conservarlas es un medio para la auto-realización del derecho al acceso al agua.

Esta Red también ha construido una “ley propia”, que además de reforzar estos dos derechos, propone la creación de uno nuevo:“la autogestión comunitaria del agua”. De acuerdo con sus impulsoreses necesario adoptar un principio de abstención para toda actividad productiva, o de cualquier naturaleza, que conduzca a la privación de agua potable para una población, así como garantizar el respeto a la cultura, la historia y las formas propias de autogarantizar el abastecimiento del agua de toda comunidad,impidiendo que se puedan negarlos medios de subsistencia a los pueblos.

Durante su encuentro, del cual nos hicieron partícipes, narraron sus ingentes esfuerzos para garantizar la sobrevivencia de pequeños acueductos rurales que durante centurias han preservado el agua y con ella han abastecido a sus comunidades y sostenido sus animales y cultivos. Hoy estas organizaciones comunitarias son llevadas por el Estado a enfrentar luchas desiguales contra empresas multinacionales y megaproyectos mineros o agroindustriales, por la obtención de las concesiones para el uso del agua. Por la vía de enormes exigencias técnicas, administrativas y financieras, estas organizaciones son presionadas a abandonar su naturaleza social o comunitaria, para convertirse en empresas prestadoras de servicios públicos.

En este marco, como todo defensor de derechos humanos en Colombia, han conocido el rostro de los riesgos y ataques con los que sus oponentes pretenden frenar su labor y, por ello, Pensamiento y Acción Social –PAS-, los acompañó en un ejercicio de sensibilización al final del cual reconocieron, a una voz, lanecesidad de proteger la vida para poder continuar la defensa de derechos individuales y colectivos y profundizar sus alcances.  

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