Sector agropecuario

Energías renovables

La atención se ha puesto nuevamente en La Guajira por su potencial extraordinario para la generación de energía eólica y solar: por tratarse de una zona costera con escasa montañas se favorece vientos fuertes y estables y por encontrarse en la zona entre los dos trópicos cuentan con una de las mejores captaciones de brillo solar durante todo el año; adicionalmente por la dispersión poblacional favorece el vaciamiento de espacios para instalar parques y rutas de distribución. Lo que ocurre también por la tenencia de la tierra mencionada, que propicia regímenes de propiedad paralelos y segregados basados en la negociación de programas sociales para el control empresarial.

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Como antecedente se tiene el Parque Eólico Jepírachi que garantiza la alimentación constante del principal puerto de exportación del carbón de La Guajira. Y que se creó sin consulta previa, sin el reconocimiento de la familiaridad de las autoridades ancestrales Wayúu, y con esquemas de compensación que han alentado la conflictividad comunitaria.

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Los dilemas que presenta la actividad muestran una tendencia hacia una reinvención del extractivismo energético, en donde la construcción de torres y paneles crea nuevas fronteras de extracción de metales como el hierro y el aluminio, metales raros y metales para la conducción y el almacenamiento de energía como el oro, el cobre y el litio. 

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De otro lado, debido al origen externos del conocimiento y la investigación, se muestra una amplia concentración de tecnologías, inversiones y por supuesto de captura de rentas a manos de las empresas, en donde se reproducen los esquemas de negociación diferenciados entre familias y cuyo valor apropiado localmente ni siquiera alcanza el 1% de la generación.

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En países como Perú, España, Reino Unido y EUUU, el desarrollo tecnologías de mediana y pequeña escala, a diferencia de lo que ocurre en La Guajira, ayudan a la satisfacción de las necesidades energéticas comunitarias, a la autosuficiencia e inclusive a vender energía al sistema interconectado nacional. Estas requieren menores inversiones (entre 2 y 7 millones de pesos para coberturas comunitarias) y pueden adaptarse a los tipos de viviendas, aunque aún requieren de marcos institucionales más adecuados. Bajo este modelo, se podría avanzar en una idea de soberanía energética que describimos en la sección de conceptos.