El Gobierno suscribió el “Pacto por la vida y la protección de los líderes y defensores de derechos humanos”, mediante el cual se comprometió a iniciar "(...) de manera inmediata, a través del Ministerio del Interior, el diseño participativo de una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial de equidad, étnico y territorial”. Sin embargo, en la práctica, parece un nuevo intento fallido. Análisis de Cristian Mantilla, Investigador de la Línea de Seguridad y Protección.

Con el presente artículo, se pretende hacer un aporte sencillo y puntual a la observación y seguimiento de los programas gubernamentales de protección a defensores de derechos humanos, de tal suerte que permita un acercamiento pragmático comparativo de los Programas Gubernamentales de Protección a Defensores de Derechos Humanos de México y Colombia. Dos grandes aspectos son comparados: las características generales de los dos programas y las dificultades más relevantes de los mismos.

Desde que se iniciaron la negociaciones de paz con las FARC, Colombia ha visto una significa disminución en varios de sus indicadores de violencia.  Han bajado las acciones bélicas y los homicidios, por ejemplo, pero, contradictoriamente, durante ese mismo periodo las distintas violaciones en contra de Defensores de Derechos Humanos han incrementado.  Hoy son más las personas amenazadas, asesinadas, detenidas y desaparecidas por defender los derechos de sus comunidades que hace 4 años.  El preocupante panorama invita a reflexionar sobre el futuro de los defensores de DDHH en Colombia y a romper mitos como, por ejemplo, suponer que las violaciones contra los defensores de DDHH son un producto directo de la guerra con las FARC.