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Política pública de protección para defensores colectivos de la tierra y el territorio:

Límites y posibilidades en el posacuerdo

La inclusión del problema sobre las garantías de protección a los y las defensoras de los derechos humanos (DDH) en la agenda de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, su posterior incorporación en el Acuerdo Final de Paz y su implementación normativa, es sin duda un avance en materia de políticas públicas. Sin embargo, no logra aún contener una realidad en la que las agresiones contra los DDH aumentan. ¿Cuáles son los límites y posibilidades del nuevo marco normativo para atender los riesgos que enfrentan los DDH que defienden los derechos a la tierra y el territorio?

 

Frente a este interrogante, la investigación ofrece una lectura integral del nuevo marco normativo desde una perspectiva de políticas públicas para observar su potencial eficacia en la protección de los DDH y la garantía del derecho a defender los derechos. A partir de la identificación de los riesgos permanentes y emergentes de los defensores colectivos de los derechos a la tierra y el territorio en el escenario de posacuerdo de paz.

 

Contrastar el nuevo marco normativo con los riesgos que enfrentan los DDH en los territorios, permite concluir que las decisiones de política pública derivadas del Acuerdo Final de Paz no logran superar la inercia de la acción estatal que se resiste a los cambios en los modelos de gobernanza por cuenta de la configuración del Estado local, los cambios de orientación política del Gobierno Nacional y la poca capacidad del sistema jurídico para permear la voluntad de los actores sociales, políticos, económicos y gubernamentales con incidencia en la política pública.

 

No obstante, el nuevo marco normativo abre un escenario de posibilidad para la acción integral frente a los riesgos en la medida en que se incorporan en la agenda pública perspectivas amplias de garantías (derecho a defender los derechos), se afianzan temas exigidos por los DDH (protección colectiva, investigación, no estigmatización) y se asignan nuevas competencias al Estado en los territorios (gobernaciones y alcaldías) buscando una mayor y mejor integración vertical de la institucionalidad estatal.

 

Esta investigación busca, finalmente, aportar al debate que ha desatado el Acuerdo Final de Paz, proponiendo elementos de análisis para la definición de estrategias eficaces para la garantía del derecho a defender los derechos de DDH asociados a la tierra y el territorio.

Documento de Trabajo: Marco Normativo

Investigación completa

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