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Acción Urgente

Bogotá, Colombia mayo 7 de 2021


Pensamiento y Acción Social –PAS-, ONG colombiana defensora de activista en derechos humanos, que en desarrollo de su misión acompaña a comunidades, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos asociados a la tierra, el territorio y el ambiente en áreas rurales aisladas de los departamentos de Guajira, Cesar, Antioquia, Córdoba, Cauca y Putumayo y en las regiones del Magdalena Medio y el pacífico caucano, expresa su adhesión a la carta que 13 organizaciones sociales de derechos humanos enviaron ayer 6 de mayo de 2021 a diversas instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una visita in loco para Colombia.


Esta solicitud se realiza en aplicación del artículo 48, literal D de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 18 literal G del Estatuto de la CIDH, los cuales establecen la competencia de la Comisión para llevar a cabo las observaciones in loco, con el fin de obtener el material sustantivo así como medios de prueba que corroboren la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país, en el contexto de las jornadas de protestas iniciadas el pasado 29 de abril y que han dejado cerca de 379 desaparecidos de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y al menos 23 personas asesinadas de acuerdo a la Defensoría Nacional del Pueblo.


Además de compartir todos los argumentos que sustentan dicha solicitud, PAS considera que persiste en el Gobierno Nacional coerción y uso de la fuerza como respuesta para conjurar la actual crisis política, social y humanitaria, tomando distancia de todos los organismos internacionales de derechos humanos y de la comunidad internacional que han acompañado los esfuerzos de la sociedad civil por conquistar una paz con vigencia plena del Estado Social de Derecho.


Así lo demuestran tres de los últimos hechos acaecidos:


1. El Presidente de la República inicia diálogos con algunos sectores políticos, pero aplaza el diálogo justamente con quienes están expresando a través de la movilización social su descontento, necesidades y exigencias. Anuncia una apertura al diálogo, sobre su propia agenda y sin comprometer la negociación como resultado de dicho diálogo. La propuesta de diálogo, además de incluyente de todos los sectores sociales, debe partir de las demandas y acuerdos ya firmados en anteriores paros, pues este nuevo diálogo, no puede ser una estrategia más, con la única finalidad de “apagar” el incendio.


2. Continuando con la concentración de poder, el día de ayer, el Presidente de la República promovió una declaración conjunta de las altas Cortes – Constitucional, Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Disciplina Judicial y la Vicepresidencia del Consejo Superior de la Judicatura, en “respaldo al diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia”. Rompe el principio de separación de poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, niega la división de competencias y funciones de cada uno de estos organismos y termina por vulnerar futuros ejercicios de control judicial a las decisiones y omisiones del Gobierno Nacional. (Ver constancia de Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez Najar, Magistrados de la Corte Constitucional respecto de la Declaración conjunta del Gobierno y los Presidentes de las Corte)


3. Mientras desde ayer civiles armados disparan contra los manifestantes, el Fiscal General de la Nación, anuncia la expropiación de los vehículos que estén siendo utilizados para bloquear las vías en medio de la protesta social. Con ello faculta a los jueces de la República para usar el derecho penal como instrumento para intimidar a los participantes en la protesta social, violando este derecho fundamental desde el Estado mismo. No puede extenderse la figura de “extinción de dominio” que fue creada para otras circunstancias, como castigo a la protesta social.


Cabe recordar que el Acuerdo Final de Paz incluyó algunas garantías mínimas para la protesta pacífica y la movilización social tales como la libertad de ofrecer información alternativa durante las protestas, la creación de instancias de interlocución entre el Gobierno y las organizaciones y la reforma de leyes que obstaculicen o criminalicen el ejercicio de la protesta.


También que, en septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sobre el manejo de protestas que consideró “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” la acción de la Policía Nacional y el ESMAD contra los manifestantes. Esto a propósito del asesinato de 13 personas, en Bogotá y Soacha, durante las protestas realizadas en 2019 y 2020. No obstante, los hechos de 2021 indican el incumplimiento tanto del Acuerdo Final de Paz como de la citada Sentencia.


Es momento de expresar su solidaridad con nuestro país y nuestro pueblo, y de ratificar su compromiso con la vigencia de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, con acciones que acompañen todas las declaraciones solidarias y los llamados que han hecho al Gobierno Nacional, en especial durante los últimos cinco años. Hoy más que nunca necesitamos de sus buenos oficios para avanzar en la superación de la actual crisis de derechos humanos por la que atraviesa Colombia.