INTERVENCIÓN – COMENTARIOS PROYECTO DE LEY NO. 153 DE 2025 CÁMARA (DERECHOS HUMANOS A LAS EMPRESAS)
- Pensamiento y Acción Social
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Soy Sebastián Vásquez e intervengo en representación de la organización defensora de derechos humanos Pensamiento y Acción Social - PAS. Organización con 20 años de trabajo de acompañamiento a comunidades rurales, étnicas y campesinas en varias regiones del País, nuestro trabajo nos ha permitido acompañar de cerca a comunidades que enfrentan una doble y compleja realidad: la inmersión en conflictos socioambientales y la persistencia del conflicto armado. Desde este acompañamiento, hemos contribuido a la construcción de un enfoque de protección colectiva para comunidades rurales y propuestas de construcción de paz desde la base, lo que nos ha dado una perspectiva directa de los enormes desafíos a los que se enfrentan defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, quienes, valga la pena recordar, hoy son los más atacados con más altos niveles de riesgo en el mundo. Según el informe de Global Witness, el año pasado, 146 personas fueron asesinadas o desaparecieron por desempeñar esta labor, 48 de ellas en Colombia, el 32.8% del total.
Esta experiencia nos ha dejado varios aprendizajes: las comunidades rurales en los territorios se enfrentan a un poder empresarial, particularmente transnacional, que evoluciona vertiginosamente. Ya no solo hablamos de impactos directos y visibles, sino de prácticas cada vez más astutas y ágiles, diseñadas para vulnerar derechos humanos de manera sofisticada y, en la mayoría de las veces, impunemente, por lo que este esfuerzo de regular estas prácticas resulta prioritario.
Se ve con mayor frecuencia por parte de los Actores empresariales la cooptación de liderazgos comunitarios, la creación y financiación de organizaciones paralelas para dividir y debilitar el tejido social, y la apropiación incluso del lenguaje de las organizaciones sociales para vaciarlo de contenido, tácticas como la ECOIMPOSTURA que termina siendo un lavado de imagen que hacen las empresas para convencer a la sociedad y los estados que sus medidas de impacto ambiental son más altas, que las que en verdad realiza.
Vemos cómo estos actores entran de lleno en debates, como el de la transición energética, el financiamiento verde a través de bonos de carbono, generando zonas grises que aprovechan para perpetuar modelos extractivos bajo un disfraz de sostenibilidad, evidenciando que van mucho más rápido que la capacidad de ajuste y transformación de las agendas sociales.
Por lo que queremos plantear algunos aspectos cruciales que podrían analizarse para enriquecer el debate de este proyecto de Ley:
Primero, hemos evidenciado cómo las empresas no solo han financiado a las fuerzas armadas, sino también a entidades como la fiscalía general de la Nación, bajo el argumento de reforzar la "capacidad investigativa" a través de lo que se conoció como Estructuras de Apoyo, en varias regiones extractivas del País. Esto, en la práctica, ha puesto el aparato de investigación del Estado al servicio de intereses privados, generando largos periodos de estigmatización, criminalización y judicialización injusta de liderazgos sociales cercenando derechos fundamentales como el de la asociación y la protesta. Una ley robusta debe incluir salvaguardas explícitas contra esta instrumentalización de la justicia.
Segundo, en materia de debida diligencia para predios, el proyecto se centra en casos de despojo o abandono forzado. Pero debemos considerar aquellos territorios donde, a pesar de la violencia, en especial las comunidades étnicas resistieron y permanecieron. Hoy, estas comunidades están en procesos de restitución de tierras por las afectaciones territoriales del conflicto. En medio de estos procesos comunitarios frágiles, megaproyectos extractivos pretenden ingresar, en completa asimetría. Es primordial que la ley reconozca que el derecho fundamental a la restitución y a la reparación territorial debe primar sobre cualquier interés económico empresarial.
Tercero, respecto a la nulidad de contratos por violaciones a los derechos humanos, es vital que se contemple una violación recurrente: la firma de contratos de exploración o explotación por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH o la Agencia Nacional de Minería ANM antes de realizar la consulta previa. Esta práctica, que hemos visto repetidamente, convierte el Derecho fundamental a la consulta y consentimiento previo en un trámite posterior y vacío, despojando a las comunidades de su territorio, sus prácticas culturales y exponiéndolas a materiales peligrosos. La nulidad contractual debe aplicarse cuando se demuestre esta vulneración del derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Cuarto, después de un acompañamiento por más de 12 años a la comunidad de El Hatillo que fue objeto de desplazamiento forzado en razón al desarrollo por causa del proyecto minero de carbón en el Departamento del César, la responsabilidad sobre los reasentamientos no puede recaer únicamente en las empresas; el Estado Colombiano debe asumir su obligación de aplicar el principio de precaución para evitar una de las violaciones más graves a los Derechos Humanos: el desplazamiento de una comunidad.
Resulta una contradicción hablar de "reasentamiento" y al mismo tiempo invocar el principio de precaución. Este principio exige que, desde el primer momento en la construcción de los estudios de impacto ambiental, si existe la más mínima posibilidad de que un proyecto ocasione un desplazamiento o reasentamiento humano, ni siquiera se debe contemplar esa opción. La prevención debe ser absoluta. El reasentamiento no es una medida de mitigación; es el fracaso de la precaución y la materialización de una violación masiva de derechos.
Frente a este panorama, las herramientas jurídicas actuales resultan insuficientes. Las comunidades se encuentran en una clara asimetría. Si bien somos conscientes de que, mientras no existan marcos regulatorios internacionales fuertes, la posibilidad de que este proyecto se apruebe enfrenta grandes obstáculos, consideramos que su discusión ya es un avance.
Por ello, celebramos este Proyecto de Ley que debe ser fortalecido con las precisiones que surgen de realidades territoriales, pero nos preguntamos ¿Cómo se ancla esto a la realidad social política y electoral próxima de nuestro País? La respuesta, creemos, está en la articulación. Invitamos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que han hecho posible este debate a desarrollar nuestras agendas territoriales de manera articulada.
Debemos valorar y apoyar trámites legislativos como este, pero reconociendo que la posibilidad concreta de transformación nace y se sostiene desde los territorios.
Invitamos a los representantes presentes a enriquecer este proyecto, para que sea una herramienta real que ponga los derechos de las personas y de las comunidades por encima de los intereses económicos empresariales. Ese debe ser el verdadero interés público, no otro.
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