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Comunicado: PRODECO pretende renunciar a títulos mineros incumpliendo acuerdos y afectando derechos

Actualizado: feb 11

#DDHHyMinería #ElHatillo | Después de casi 30 años de explotar y usufructuar las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua y de causar graves afectaciones al territorio, el ambiente y los derechos de las comunidades, la multinacional Glencore, a través de su proyecto Grupo Prodeco en Colombia anuncia la devolución de sus títulos mineros. El país corre el riesgo de que esta empresa se vaya sin haber presentado un plan de cierre de mina, como es obligatorio, y sin resolver las problemáticas sociales y ambientales que generó a lo largo del tiempo, como lo han denunciado las comunidades y organizaciones por años. Además, la empresa pretende afectar los derechos laborales de los trabajadores con su salida, conforme a la petición que ha dirigido al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, vulnera, de manera grave los derechos fundamentales de las comunidades de influencia a la explotación minera, en especial de aquellas que esperaban la realización de un reasentamiento involuntario ordenado por la autoridad ambiental desde 2010.

El grupo empresarial Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, anunció públicamente el 4 de febrero de 2021 su decisión de solicitar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la devolución de sus títulos mineros a la República de Colombia. Esta determinación empresarial obedece al declive que, en los últimos años, ha tenido el mercado internacional del carbón térmico, especialmente en 2020 con la crisis generada por la pandemia del covid-19; y, de otro lado, responde a las presiones corporativas sobre el Estado colombiano para conseguir decisiones favorables relativas a procesos administrativos y judiciales necesarios para implementar los planes empresariales de desarrollo minero, como, por ejemplo, la ampliación de áreas de desecho de residuos del carbón en el territorio étnico del pueblo Yukpa. Lo anterior, en un contexto de poca o nula legitimidad de la actuación de la empresa y acusaciones de falta de diligencia debida, corrupción, contaminación ambiental, vulneración de derechos humanos y vínculos con el paramilitarismo [1] [2].

La decisión de Prodeco se suma a la de Colombia Natural Resources (CNR), parte de Murray Energy de los Estados Unidos [3] , de someterse a un proceso de reorganización empresarial, acogiéndose a lo estipulado en la Ley 1116 de 2006 (Régimen de insolvencia), decisión que fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 11 de noviembre de 2020, mediante el Auto 2020-01- 593216.

Estos anuncios suscitan serias inquietudes acerca de la ruptura de las obligaciones legales de estas empresas, tanto de carácter ambiental y socioeconómico, como respecto de los impactos que tendrá para las comunidades aledañas a las minas, las personas trabajadoras y las finanzas públicas en el departamento del Cesar. Preocupa la abrupta decisión, especialmente dada la ausencia de un plan de cierre progresivo y respetuoso de los estándares internacionales basados en derechos y garantes de una transición justa, pues una salida desordenada generará, sin duda, graves perjuicios para las comunidades de municipios como El Paso, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Chiriguaná y Becerril, quienes fueron creando dependencia de sus ingresos de la actividad minera y se han visto afectadas directa o indirectamente por la economía del carbón.

La incertidumbre por el cierre de las operaciones de estas dos minas se manifiesta especialmente en los procesos de reasentamiento pendientes en la zona centro del Cesar, para las comunidades de Boquerón (municipio de la Jagua de Ibirico) y de El Hatillo (municipio de El Paso). Dichos reasentamientos fueron ordenados por el propio Estado en el año 2010, debido a los altos niveles de contaminación del aire como consecuencia de las operaciones mineras de CNR, Prodeco y Drummond. En el caso del proceso