COMUNICADO PÚBLICO
- Pensamiento y Acción Social
- 13 jun
- 4 Min. de lectura
RESPALDO A COMUNIDADES DE CAÑAVERALES, JERICÓ Y MOCOA DESDE EL COMITÉ DE IMPULSO AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA VENTANILLA MINERA
Las organizaciones firmantes hacemos parte del comité de impulso al cumplimiento al fallo de la Ventanilla minera del Consejo de Estado del año 2022, manifestamos nuestra solidaridad y compromiso con las comunidades que en Cañaverales (La Guajira), Jericó (Suroeste Antioqueño) y Mocoa (Putumayo) resisten con dignidad frente al avance de la minería inconsulta, violenta y desordenada en sus territorios. Sus luchas por el agua, la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el derecho a permanecer en sus territorios representan una defensa legítima de los derechos colectivos y de las condiciones necesarias para la vida digna.
Este 14 de junio, en el municipio de San Juan del César, La Guajira, tendrá lugar una Audiencia Pública Ambiental donde la comunidades del Consejo Comunitario los Negros Ancestrales de Cañaverales, confrontarán el intento de imponer un modelo de desarrollo basado en la explotación de carbón a cielo abierto de la empresa turca Best Coal Company (BCC)[1], en detrimento de los derechos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (al aplicar un test de proporcionalidad, desnaturalizando la función de la consulta previa, pues se pone en riesgo la pervivencia del grupo étnico, que es un interés superior del Estado[2]), los sistemas agroecológicos, los acuíferos y demás lugares sagrados que sostienen la vida en el sur de La Guajira y que no ha dejado sino solo sed, pobreza y miseria en el corredor minero durante los últimos 40 años de extracción.
Simultáneamente, el próximo 16 de junio, once campesinos de Jericó enfrentarán una audiencia judicial bajo acusaciones de hurto calificado, lesiones personales y secuestro simple por acciones de protesta legítimas realizadas en su ejercicio de defensa del agua y el territorio. Estas acciones judiciales configuran un preocupante patrón de criminalización de quienes ejercen el derecho constitucional a la participación, la protesta social y la defensa ambiental, tal como lo ha alertado la Defensoría del Pueblo.[3]
Los hechos que ocurren en estos territorios no son aislados. Revelan una deuda estructural del Estado colombiano frente al inconexo ordenamiento minero-ambiental del país, la cual fue reconocida por el Consejo de Estado en su sentencia del año 2022 (Radicado No. 25000234100020130245901), conocida como el fallo de la “ventanilla minera”. En dicha decisión, el alto tribunal concluyó que la desarticulación institucional entre los sectores minero y ambiental, el desorden en el otorgamiento de títulos mineros y la ausencia de información clara sobre zonas excluibles de minería han facilitado la vulneración sistemática de los derechos colectivos de comunidades rurales, étnicas y campesinas.
La sentencia de la ventanilla minera impone al Estado colombiano una serie de órdenes
concretas, entre ellas:
La elaboración de un ordenamiento minero-ambiental riguroso, con criterios de zonificación que respeten los ecosistemas estratégicos y las figuras de conservación in situ (Páramos, humedales, entre otros).
La suspensión de nuevas solicitudes mineras en zonas donde no exista certeza sobre su compatibilidad ambiental.
La exigencia de certificados de compatibilidad ambiental previos a cualquier título minero, que a la fecha han resultado en un saludo a la bandera porque son certificados expedidos con información sobre ecosistemas estratégicos desactualizada.
La conformación de un Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia, del que deben hacer parte las organizaciones accionantes, instituciones estatales y entes de control.
A tres años del fallo de la ventanilla minera, la mayoría de estas órdenes siguen sin cumplirse, mientras en el territorio la minería avanza con graves impactos sociales, ecológicos y culturales. Esta inacción por parte del Estado colombiano constituye un incumplimiento de su deber de garantizar los derechos fundamentales al ambiente sano, al agua, a la participación, al territorio y a la vida.
Por ello, como organizaciones defensoras del territorio y los derechos humanos:
Rechazamos la judicialización a la que se han sometido a 11 campesinos de Jericó, lo que representa un grave precedente de persecución contra defensores de derechos humanos y del ambiente.
Respaldamos la Audiencia Pública Ambiental en San Juan del César y el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro, priorizando la vida, la producción de alimentos y el agua sobre el extractivismo minero.
Respaldamos la movilización social de los pueblos organizados en la carpa de la resistencia en Mocoa, Putumayo, en defensa de su territorio ante la imposición del extractivismo mineroenergético de la empresa canadiense “Libero Cobre” ahora Libero Copper & Gold Corporation.
Hacemos un llamado al Estado colombiano a asumir con responsabilidad política la implementación de una verdadera transición socioecológica justa, que parta del reconocimiento de los límites ecosistémicos y la autodeterminación de los pueblos.
Exhortamos la instalación inmediata del Comité de verificación al fallo de la ventanilla minera ordenado por el Consejo de Estado y a una amplia difusión del nivel de cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia por los responsables de su cumplimiento.
Que defender los territorios no nos cuesta la vida, ni la libertad.
Suscriben:
Colectivo Socio-Ambiental y Juvenil de Cajamarca - COSAJUCA
Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime
Alianza Suroeste
Censat Agua Viva
Pensamiento y Acción Social - PAS.
Amar Es Más
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