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Un golpe a la autoprotección

Las comunidades indígenas del Cauca entre la espada de los grupos armados ilegales y la pared del Estado

Betty Pedraza López, investigadora -Pensamiento y Acción Social-PAS


Como en muy contadas ocasiones hoy un grupo armado que se autoproclama insurgente -Comando Coordinador de Occidente-, presentado por el Estado ante la opinión pública como disidente de las FARC- EP, reconoce mediante un comunicado público circulado en redes sociales el asesinato de Albeiro Camayo, coordinador de la Guardia Indígena del resguardo Las Delicias en el municipio de Buenos Aires, Cauca y pretende justificarlo.


En su comunicado dirigido a “LOS HONESTOS KIWE TEGNAS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA”, afirma que: “El Excoordinador de guardia Albeiro Camayo dirigía el grupo de Falsos Kiwi Thegnas del resguardo Las Delicias, quienes tienen acuerdos con el ejercito como ha ocurrido en varios casos donde capturan a miembros de nuestra organización y los entregan a la fuerza pública o mandan a “patio prestado, (resaltado por la autora), todo esto a cambio de dinero por cada guerrillero capturado y entregado. La acción ejecutada contra el señor Albeiro es una acción legítima contra una persona que dirigía a un grupo armado…”


A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, el país sigue inmerso en un conflicto armado en el que ya no importa la coherencia entre el medio y los fines que en otrora se proclamaba. Por ello, este grupo armado, manejando un discurso de “izquierda” usa viejas prácticas puestas en juego por los grupos paramilitares, especialmente en los años 80. Estas prácticas de guerra, que se han evidenciado también en Arauca, ahora incluyen el ataque directo a las organizaciones sociales, líderes, lideresas y defensores(as) de derechos y la manipulación perversa del lenguaje para justificar lo injustificable.


Al mismo tiempo que afirman que: “Convocamos a la guardia indígena a mantenerse en su ejercicio honesto, legítimo y milenario de defender el territorio, nunca hemos estado en contra de estas prácticas ancestrales, valoramos el esfuerzo realizado por años, valoramos las conquistas obtenidas en sus luchas…”, ejercen una autoridad moral y judicial, que no tienen, para señalar, juzgar y castigar a los miembros de la guardia que consideran “deshonestos”; un acto que, a más de usurpar el ejercicio de la autoridad propia, parece buscar la estigmatización y división al interior de sus resguardos y organizaciones indígenas, una buena pesca en río revuelto.


Incluso un lector desprevenido podría preguntarse entonces: Si el mencionado respeto por las comunidades indígenas y sus autoridades es cierto y si el lamento por lo ocurrido es sincero ¿Por qué seguir ocupando a la fuerza su territorio? ¿Por qué imponer a los comuneros su presencia?, porqué reclutar a sus niños, niñas y jóvenes bajo amenazas, chantajes y/o engaños?, ¿por qué presionar la participación de la población en sus reuniones, proyectos o acciones armadas ilegales?


Dejando al margen menciones no confirmadas contenidas en el comunicado en referencia, todas las entidades gubernamentales del Estado, saben que la guardia indígena es una fuerza desarmada que pone en marcha estrategias de protección y de defensa del territorio entre las cuales está la captura de los actores armados, el desarme y la destrucción del material bélico, el juzgamiento y castigo de los capturados de aquellos que son miembros de la comunidad y la entrega a las autoridades competentes de aquellos que no lo son. Dichas acciones forman parte del ejercicio autónomo de justicia propia y de control territorial cuya legitimidad y legalidad está reconocida por el Decreto Ley 4633 de 2011 y por la Jurisdicción Especial Indígena que forma parte de las normas nacionales vigentes en Colombia.


Así las cosas, lo que queda en evidencia es la imposición de una limitación en tal ejercicio por parte de un actor armado ilegal y lo que genera una enorme preocupación, es la pasividad y el silencio que entre tanto guardan las autoridades estatales, pues hasta ahora estas acciones de la guardia indígena han impedido el copamiento absoluto del territorio y el arrasamiento de sus comunidades por parte de los actores armados en el Cauca.


Recordando que además este grupo es apenas uno de los cinco presentes y activos en la zona norte del Cauca, cabe preguntarse ¿Qué les queda entonces a las comunidades indígenas del país para preservar su existencia? ¿cómo conjugar el empobrecimiento que esto supone para el país?


Sin hilar muy fino, el pueblo Nasa, es uno de los pueblos étnicos del país a los que cada uno de los casi 50 millones de connacionales que hoy lo habitan deben reconocimiento y gratitud por el mero hecho de haber logrado preservarse hasta hoy, a pesar de cientos de años de ataques en su contra. Fácilmente se olvida lo más obvio: solo la existencia de los hombres, mujeres, niños y niñas que nos precedieron hizo posible la existencia de los presentes, o ¿acaso alguien ha podido existir sin ancestros?


El Pueblo Nasa, entre otros pueblos étnicos, a más de ser minoría nacional, es fundante de nuestra identidad nacional y de un proclamado patrimonio cultural sobre el cual se alardea en escenarios internacionales y se construyen alternativas de economía naranja. Preservar la existencia de nuestros pueblos originarios también es un asunto de todo colombiano y colombiana y esta responsabilidad y compromiso ético, cuando menos nos plantea la necesidad de recuperar nuestra humanidad para desde allí afirmar que:

  • No existe razón o argumento alguno que pueda legitimar, ni justificar actuaciones como la cometida contra la persona, el líder, el guardia indígena y defensor de derechos humanos Albeiro Camayo, como tampoco la ha habido para los cientos de indígenas, hombres, mujeres, niños y niñas asesinados, los últimos cinco, diez, o 50 años en el Cauca.

  • No corresponde a un grupo armado legal o ilegal, juzgar condenar y penalizar con la muerte a ningún ser humano.

  • Es inadmisible y, cuando menos, huele a complicidad, el silencio estatal frente a lo que está pasando en el Cauca.

  • Es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos y de la cooperación internacional traduzcan con prontitud sus declarados rechazos en acciones de apoyo que tengan como centro la protección de las comunidades tendiendo puentes para adelantar acciones que desescalen la conflictividad armada.

Como sociedad civil, tenemos el derecho de reclamar a los actores armados legales e ilegales el respeto de nuestra condición y también el deber de hacer todo lo posible por el restablecimiento de los mínimos éticos que deben preservar la condición humana, aún en medio de un conflicto armado. Hoy nos corresponde a todos y todas rechazar estos actos, rodear de apoyo a las comunidades indígenas y marcar el límite para nosotros mismos, nuestras familias, y ciudadanía; es menester poner las cosas en su lugar, no caer en falacias y abrazar la propia condición humana como punto de partida mínimo para empezar a hacer frente a los complejos escenarios con que llega este nuevo año para Colombia.

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