Al afirmar que "para los jóvenes, el reto y el sueño no es ser campesinos" el Gobierno ha dejado claro el futuro que busca para el campo colombiano, un futuro en el que bajo excusas de modernización, se perpetuan las lógicas de despojo de tierras y acumulación de capital.

El Hatillo es una comunidad rural, de vocación campesina, ubicada en el departamento del Cesar,  que fue obligada en 2010 por el Estado colombiano a realizar la negociación para su reasentamiento involuntario, como consecuencia de la contaminación atmosférica.  La comunidad debía ser re ubicada dos años después, y sin embargo, hoy, 8 años después del fallo, no han sido re ubicados. Tan solo en diciembre de 2018 se firmó el plan de reasentamiento, según el cual la re ubicación se daría en el 2023, 11 años tarde.  La lista de agravios no se detiene ahí.

Colombia fue uno de los 54 países que se abstuvo de votar la Declaración. Sin embargo, es importante aclarar que una Declaración es un instrumento jurídico que no tiene un carácter vinculante (soft law) y, por tal razón, el voto favorable, desfavorable o abstención no afecta, en estricto sentido, su obligatoriedad. Una Declaración expresa un consenso ético y político donde la comunidad internacional crea principios que establecen obligaciones morales respecto de los derechos allí contenidos y, por lo tanto, son más bien orientaciones sobre lo que deberían desarrollar los Estados en sus marcos jurídicos nacionales[1]. Es decir, Colombia no está excluida de esta obligación moral.

El Gobierno suscribió el “Pacto por la vida y la protección de los líderes y defensores de derechos humanos”, mediante el cual se comprometió a iniciar "(...) de manera inmediata, a través del Ministerio del Interior, el diseño participativo de una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial de equidad, étnico y territorial”. Sin embargo, en la práctica, parece un nuevo intento fallido. Análisis de Cristian Mantilla, Investigador de la Línea de Seguridad y Protección

El pasado 21 de abril el Ministerio de Minas presentó la nueva política minera de Colombia “Bases para la minería del futuro 2016 – 2025” ante el Congreso Nacional de Minería. La Viceministra de Minas, Maria Isabel Ulloa, declaró en el foro ante los medios que con esta política: “le estamos dando un mapa de navegación al sector que le apuesta a sentar bases sólidas para asegurar un crecimiento estable y robusto en todas las estructuras.”  Sin embargo, tal y como esta planteada, esa "carta de navegación" será la que lleve al naufragio las esperanzas de tener un sector minero a gran escala que promueva el respeto al medio ambiente y el desarrollo de las comunidades más vulnerables de Colombia.

Glencore es una multinacional que hasta hace apenas unos meses comenzó a ganar notoriedad en los medios de comunicación en Colombia . Sin embargo, esa discreción con la que esta empresa radicada en Zug, Suiza, había manejado sus operaciones se ha venido desvaneciendo con en el cubrimiento mediático de las recientes investigaciones penales, denuncias de corrupción y sanciones económicas que enfrenta la empresa.  Las denuncias van desde la evasión en el pago de millonarias regalías y de maniobras para evitar el pago de impuestos, hasta financiación a unidades militares envueltas en falsos positivos e incumplimientos en el reasentamiento de comunidades desplazadas por la contaminación de la empresa.  Es un caso que invita a repensar las operaciones corporativas multinacionales en el país, examinar sus actores y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Colombia en este tema.